Judicatura laboral es competente para conocer las acciones de tutela laboral de funcionarios públicos regidos por el Estatuto Docente.

La Corte Suprema desestimó el recurso de unificación de jurisprudencia interpuesto por la Municipalidad de Villa O´Higgins en contra del fallo dictado por la Corte de Coyhaique, que no hizo lugar a la impugnación que dedujo en contra de la sentencia de base, que acogió la denuncia de tutela laboral por vulneración de derechos fundamentales y la condenó a pagar las indemnizaciones que indica.

El máximo Tribunal señala que las materias de derecho propuestas por la demandada consisten en determinar, si “cumpliéndose los requisitos del artículo 1° inciso 3° del artículo 1° del Código del Trabajo, no se divisa inconveniente para la aplicación supletoria de las normas del párrafo 6° del Título I del Libro IV del señalado Código, respecto de la tutela de derechos fundamentales, a un funcionario regulado por un estatuto especial, en este caso concreto un funcionario regido por la Ley 18.883 Estatuto Administrativo para funcionarios Municipales”; y, en segundo lugar, declarar que, “en su esfera indemnizatoria, el artículo 489 inciso segundo del Código del Trabajo resulta completa y absolutamente incompatible y contradictorio con las prerrogativas de la Ley N°19.070, en razón de que para los trabajadores del estatuto docente no resultan aplicables en este tipo de casos, las indemnizaciones del inciso cuarto del artículo 162 y la establecida en el inciso 163 del Código del Trabajo”.

En relación a la primera materia de derecho propuesta, refiere que la sentencia impugnada consideró que “es efectivo que el artículo 1° inciso 2° del Código del Trabajo excluye de la aplicación de sus disposiciones a las personas que allí se indican, si se encuentran sometidas a un estatuto especial –que es el caso de la demandante que es funcionaria municipal– pero el inciso tercero prevé la posibilidad que los trabajadores de las entidades ‘señaladas en el inciso precedente’ le sean aplicables las normas del Código del Trabajo si se cumple con dos requisitos: a) Que se trate de materia o aspectos no regulados en sus respectivos estatutos. b) Que ellas ‘no fueren contrarias a estos últimos”, precisando que, “es efectivo que la actora se regía por las normas de la Ley N°18.883 (…), y en dicho cuerpo legal no se contempla ningún procedimiento judicial para conocer las denuncias que pueda hacer el funcionario sobre vulneración de derechos fundamentales. En todo caso el reclamo del artículo 160 del Estatuto Administrativo, que hace valer también el recurrente, es un recurso que conoce la Contraloría General de la República por vicios de legalidad que afecten los derechos conferidos a los funcionarios, pero sin que para conocerlo tenga acceso a recurrir a los Tribunales de Justicia sino solo a que se haga una revisión administrativa, de modo que ambos procedimientos no son homologables. En consecuencia, se cumple el primer requisito al existir un vacío legal en el estatuto especial en relación a una materia regulada en el procedimiento de tutela laboral, que protege al trabajador, en el ejercicio de sus derechos, a través de una vía jurisdiccional” y, “en relación al segundo requisito del inciso 3° del artículo 1° del Código del Trabajo, en orden a que se exige que las normas que habrían de aplicarse de manera supletoria no sean contrarias al estatuto especial, se puede señalar que en el Estatuto Administrativo no se divisan normas que sean contrarias a la protección de derechos fundamentales de funcionarios públicos, máxime aún si es un deber del Estado – como empleador– el asegurar el pleno respeto a los derechos fundamentales de los funcionarios de la Administración del Estado”, concluyendo, en consecuencia, que “cumpliéndose los requisitos del artículo 1° inciso 3° del artículo 1° del Código del Trabajo no se divisa inconveniente para la aplicación supletoria de las normas del párrafo 6° del Título I del Libro IV del señalado Código, respecto de la tutela de derechos fundamentales, ni de los artículos 6° y 7° de la Constitución (…)”.