Prestadores de salud no pueden solicitar pagarés o cualquier otro instrumento financiero para garantizar el pago de atención médica de urgencia.

La Corte Suprema confirmó la sentencia dictada por la Corte de Santiago, que no hizo lugar al reclamo de ilegalidad interpuesto por la Clínica Hospital del Profesor, luego de ser sancionada con multas ascendentes a 1000 UTM.

En su libelo, la actora reclama en contra de la resolución dictada por la Intendenta de Prestadores de Salud de la Superintendencia de Salud, que desestimó parcialmente el recurso de reposición deducido en contra de aquella que le impuso sanciones de multas, fijándolas en 800 y 200 UTM, por haber infringido lo dispuesto en los artículos 141 inciso penúltimo y 173 inciso séptimo del DFL N°1 de 2005 del Ministerio de Salud.

Alega que no se cumpliría con el requisito de juridicidad al momento de imponer la sanción, ya que, en los casos de emergencia certificados como tal, la garantía nunca tuvo un carácter condicionante, sino que formó parte del proceso administrativo llevado en paralelo con la atención del paciente; los documentos habrían sido archivados e inutilizados luego de la certificación, encontrándose actualmente devueltos a los pacientes. Por tanto, la interpretación dada por la recurrida en cuanto a que, frente a una condición de urgencia vital o riesgo de secuela funcional grave, no se puede constituir un pagaré de garantía bajo ninguna circunstancia, iría más allá de lo dispuesto por la normativa. Además, alega que la Superintendencia carece de facultades para recalificar la condición de urgencia de un paciente que previamente ha sido establecido por el médico cirujano en el Servicio de Urgencia, agregando que en el quinto caso, la paciente jamás estuvo en riesgo vital o riesgo de secuela funcional grave, por tanto, analizar los antecedentes médicos de la paciente o imponer una multa por este hecho, importaría una intromisión en el manejo clínico individual de los casos, facultad que le encuentra vedada.