A tercer trámite despachó el Senado el texto que avanza en el afianzamiento del principio de probidad en la función pública, extensivo a todos los órganos del Estado y servicios públicos.
La instancia especializada avanzó en suprimir el concepto de denunciante; se insta a una protección general respecto de cualquier denuncia; se restituyó el medio electrónico para notificaciones; y se permite la cooperación eficaz como atenuante, siempre que conduzca al esclarecimiento.