El texto apunta a modificar una serie de prácticas que se dan en la industria cosmetológica, la investigación en laboratorios, la actividad circense, el quehacer de los zoológicos y el sector agropecuario, entre otros.
Esto, tras la publicación de la ley que tiene su origen en sendas mociones de los senadores y que dispone un cambio gradual en el uso de estos elementos, así como medidas para regular los plásticos.
La norma, originada en una moción y en un texto del Gobierno, busca entregar mayor eficiencia a los procesos por la sobrecarga de trabajo y limitar la presencia física de las personas por motivos sanitarios.
La iniciativa legal, patrocinada por la senadora Adriana Muñoz, incorpora una medida cautelar especial en favor de las víctimas de violencia intrafamiliar y facultar al tribunal, en casos calificados, a controlar su cumplimiento por medio del monitoreo telemático.
La iniciativa tiene como finalidad contar con un cuerpo legal que permita garantizar el desarrollo de ciudades verdes y sostenibles mediante una gestión integral de su infraestructura, tomando en consideración que casi el 90% de la población chilena vive en ciudades.
A pesar de los avances sostenidos en materia de representación femenina en los cargos de elección popular en América Latina, las cifras en Chile a nivel subnacional no han aumentado en la misma medida.
Establece que el cierre de los establecimientos de comercio y servicios se realice a más tardar a las 19:00 horas, horario dentro del cual se deberán ajustar y respetar las jornadas de trabajo de sus dependientes.
A fin de exigir que el elector acredite el “vínculo objetivo” que debe haber entre el ciudadano y su domicilio electoral, dado que hoy dicho vínculo no está determinado y es muy fácil de vulnerar.
Una de las críticas que más frecuentemente se formulan a los sistemas de salud, es la creciente deshumanización en las relaciones entre los actores de ellas y en el trato que reciben las personas atendidas.
Fue aprobado en general y en particular en primer trámite constitucional por la Sala del Senado y despachado a la Cámara de Diputadas y Diputados, el proyecto de ley iniciado por moción, patrocinada por la senadora Provoste y los senadores Ossandón, García Ruminot y Latorre, que obliga a los sostenedores de los establecimientos educacionales particulares pagados y particulares subvencionados a requerir el acuerdo del Centro de Padres y Apoderados para renovar los textos escolares que utilizan los estudiantes.
