El ministro Cancino sometió a proceso al capitán a la época de los hechos, Ricardo Alejandro Cornejo Riesco, en calidad de autor de los delitos perpetrados en el cuartel Silva Palma.
El Tribunal de alzada revocó la sentencia impugnada, dictada por el Segundo Juzgado de Letras de La Serena, tras establecer la responsabilidad de la demandada por la falta de servicio en atención de urgencia en el Hospital de la Serena, que derivó en la muerte del feto por hipoxia.
El máximo Tribunal descartó error de derecho en la sentencia que condenó a Ricardo Lawrence Mires, Heriberto del Carmen Acevedo y Claudio Pacheco Fernández a 15 años de presidio como autores de homicidio calificado y a 10 años de presidio como autores de secuestro calificado.
El Tribunal de alzada ratificó la resolución impugnada, dictada por el Noveno Juzgado Civil de Santiago, que acogió la demanda.
La neuropatía padecida por la paciente no fue provococada por una sepsis, sino por los medicamentos asociados a la sedación y ventilación mecánica por tiempo prolongado, lo que llevó a descartar la falta de servicio.
La actuación de la demandada se sujetó estrictamente a la ley, toda vez que disponía, hasta el año 2017, solamente de un cargo para las funciones que desempeñaba la actora, lo que descarta la falta de servicio alegada.
Si los profesionales de la demandada hubieran atendido oportunamente al recién nacido habría permitido un correcto diagnóstico y evitar el fatal desenlace.
El Tribunal de alzada confirmó la sentencia apelada en la parte que condenó al exagente Hugo César Acevedo Godoy a 15 años y un día de presidio, en calidad de autor de los delitos.
El ilícito cometido por un funcionario del Estado en un régimen no democrático, no es suficiente para ser valorado como un acto inhumano grave, pues debe ser una expresión concreta de un ataque generalizado contra la población.
El relleno aplicado por el demandado debió ser denunciado y fiscalizado por el municipio, a fin de haber evitado los resultados lesivos alegados.
