Las víctimas sufrieron un accidente de tránsito luego de colisionar a una vaca que yacía muerta en una ruta de la comuna de Limache. El tribunal consideró configurada la falta de servicio por no ejecutar las medidas necesarias para la seguridad vial de la ruta en que ocurrió el evento fatal.

No cabe apreciar enriquecimiento injusto cuando el beneficio patrimonial de una de las partes es consecuencia de pactos libremente asumidos. Para considerar un enriquecimiento como ilícito e improcedente el mismo debe carecer absolutamente de toda razón jurídica, que no concurra justa causa, entendiéndose por tal una situación que autorice el beneficio obtenido, sea porque existe una norma que lo legitima, sea porque ha mediado un negocio jurídico válido y eficaz.

Las autoridades tienen el deber constitucional y legal de adoptar, de acuerdo con criterios de razonabilidad y proporcionalidad, ajustes razonables que garanticen que las personas en situación de discapacidad puedan ejercer sus derechos fundamentales en igualdad de condiciones con las demás. Estos ajustes hacen parte del modelo social de discapacidad previsto por la Constitución.

El ministro instructor del máximo Tribunal -Sergio Muñoz-, acogió el pedido de extradición, pero no hizo lugar a la entrega del requerido -que actualmente se encuentra cumpliendo dos condenas por robo en la cárcel de La Serena-, debido a que “el traslado podría afectar el genuino esfuerzo observado en el encartado para reinsertarse a la sociedad, así como su arraigo familiar”. Ordenó que la investigación y juzgamiento se sigan en Chile.

El Tribunal de alzada descartó error en la sentencia impugnada, dictada por el Séptimo Juzgado Civil de Santiago, que ordenó a la demandada el pago de la suma de $120.000.000 como indemnización de perjuicios.

El derecho de información que conforma uno de los pilares del sistema protectorio consumeril, tiene correlato en el deber de información impuesto a los proveedores de bienes y servicios en general, y en particular con la del productor de seguros y la compañía aseguradora. En la especie, se invocó la responsabilidad del productor de seguros por déficits en su obligación de asesorar al asegurado a fin de que éste obtenga la más adecuada cobertura.

El máximo Tribunal rechazó los recursos de casación en la forma y en el fondo deducidos en contra de la sentencia, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que confirmó la de primer grado que estableció la responsabilidad de la empresa en el accidente.

El máximo Tribunal desestimó el arbitrio de nulidad formal interpuesto por la familia de un cabo de Carabineros, que en 2015 murió atropellado por el Senador Jaime Quintana en una ruta cercana a Vilcún. La recurrente impugnó un fallo de la Corte de Valparaíso pero la Corte Suprema resolvió que es improcedente deducir un nuevo recurso de casación en la forma si previamente el tribunal de alzada rechazó otro recurso de nulidad formal sustentado en los mismos argumentos.

La magistrada acogió la acción, tras establecer el incumplimiento contractual de la clínica demandada al dar el alta al paciente sin detectar que presentaba cuatro fracturas costales.

Para establecer la cuantía del daño moral el juzgador debe sortear la dificultad de imaginar o predecir el dolor que el hecho dañoso produjo en la esfera íntima del reclamante, para luego fijar una indemnización que compense el daño sufrido por lo que queda sujeto al prudente arbitrio judicial que ha de atenerse a una recta ponderación de las constancias que emanan del proceso.