Si bien en las zonas peatonales el conductor tiene la obligación de dejar pasar a los peatones que circulen por ellas, en el momento de la colisión el coche ya había alcanzado la acera, motivo por el cual su conductora estaba mirando hacia su izquierda para comprobar que podía acceder finalmente a la calzada desde la acera, que ya estaba ocupando, cuando el ciclista circulando a velocidad inadecuada colisionó contra la puerta del copiloto.

El máximo Tribunal estimó que, pese a no haber sido emplazado el chofer de la máquina, el articulo 169 de la Ley de Tránsito establece la solidaridad entre éste y el propietario del vehículo, por lo que la demandante tiene la opción de elegir a quien demandar, sin ser una obligación demandar al chofer junto con la empresa propietaria.

La víctima salió a trotar en un sector de Melipilla cuando fue atropellada por la camioneta conducida por el imputado, quien huyó del sitio del accidente sin prestar auxilio al peatón, que falleció en el lugar debido a la gravedad de sus heridas.

El bus colisionó con otro vehículo, infringiendo el deber de seguridad que se desprende del contrato de transporte celebrado con la actora, quien sufrió la fractura de una de sus costillas al salir proyectada hacia el pasillo del bus producto del impacto.

El Juez a quo señaló que era imperativo para hacer responsable solidariamente al dueño del vehículo, que el conductor previamente hubiese sido condenado por infringir las normas del tránsito, sin embargo, la Corte determinó que aquello no era necesario, si con el parte policial quedaba clara la responsabilidad del chofer en el accidente.

Uno de los buses urbanos de la demandada colisionó a una motocicleta en la que viajaba el fallecido, quien tenía vigente un seguro de vida con la demandante, la cual pagó el monto pactado en la póliza a los familiares de la víctima, e invocó la subrogación legal para perseguir dicho pago en la empresa responsable del accidente.

El Tribunal de alzada confirmó la sentencia impugnada, dictada por el 15º Juzgado Civil de Santiago, que acogió la demanda.

El demandado alegó la improcedencia de indemnizar el total del valor comercial del vehículo chocado, si los restos del mismo igualmente tienen valor, el que debe ser descontado del monto total a pagar; argumento que fue acogido por la Corte.

El chofer del vehículo manejaba en estado de ebriedad, mientras que la dueña del vehículo es solidariamente responsable por los daños ocasionados al no poder acreditar que el auto fue utilizado en contra de su voluntad.

La tardanza injustificada con que se resolvió finalmente la cuestión relativa a la indemnización por el accidente de tráfico y el perjuicio patrimonial, la no práctica de la prueba pericial y el envío de la reclamación a la entidad aseguradora sin indicar dato alguno de las lesiones sufridas , dan cuenta de ello.