La Corte Suprema estimó que la petición del recurrente es un intento de cambiar los hechos asentados por la magistratura, y evidencia su disconformidad con el resultado del fallo cuestionado, sin ser capaz de puntualizar alguna regla exacta de aquellas que regulan la prueba, que presuntamente haya infringido el sentenciador de fondo.

El recurrente fue dado de baja inmediatamente por “mala conducta”, por el mero hecho de viajar como pasajero en un vehículo que conducía un subteniente -bajo los efectos del alcohol-, el que chocó contra un árbol en un bandejón central de la comuna de Peñaflor. El máximo Tribunal estimó que la medida fue desproporcionada en atención a la falta de mérito del actor en los hechos, por lo que ordenó su reincorporación a las filas de la institución.

En junio de 2016, el requerido no respetó un semáforo en rojo en la ciudad de Buenos Aires y atropelló a dos peatones ocasionándoles diversas lesiones de carácter grave, huyendo con posterioridad hacia nuestro país; no obstante, la solicitud de extradición arribó a Chile en 2022 cuando la acción penal del delito ya estaba prescrita, por lo que el pedido fue desestimado.

La Directiva 2009/103 debe interpretarse en el sentido de que no está comprendida en el concepto de “vehículo” una bicicleta cuyo motor eléctrico únicamente presta asistencia al pedaleo y que dispone de una función que le permite acelerar sin pedalear hasta una velocidad de 20 km/h; función que, no obstante, solo puede activarse tras utilizar la fuerza muscular.

El acusado intentó anular la condena argumentando que fue condenado con el sólo mérito de su declaración inicial, lo que fue refutado por el máximo Tribunal al indicar la declaración de testigos y funcionarios policiales, que dieron cuenta de la dinámica del accidente, la participación del imputado, su huida del lugar, y la omisión de auxilio a la víctima, acreditan los elementos establecidos por el artículo 196 de la Ley de Tránsito.

El imputado intentó anular el fallo condenatorio acusando que se rechazó excluir el testimonio de dos funcionarios policiales lo que afectó el desarrollo de su defensa y teoría del caso, pero no pudo explicar cómo este acto del Tribunal conculcó el debido proceso, o le impidió contrainterrogar a los agentes.

Las víctimas sufrieron un accidente de tránsito luego de colisionar a una vaca que yacía muerta en una ruta de la comuna de Limache. El tribunal consideró configurada la falta de servicio por no ejecutar las medidas necesarias para la seguridad vial de la ruta en que ocurrió el evento fatal.

No cabe apreciar enriquecimiento injusto cuando el beneficio patrimonial de una de las partes es consecuencia de pactos libremente asumidos. Para considerar un enriquecimiento como ilícito e improcedente el mismo debe carecer absolutamente de toda razón jurídica, que no concurra justa causa, entendiéndose por tal una situación que autorice el beneficio obtenido, sea porque existe una norma que lo legitima, sea porque ha mediado un negocio jurídico válido y eficaz.

Las autoridades tienen el deber constitucional y legal de adoptar, de acuerdo con criterios de razonabilidad y proporcionalidad, ajustes razonables que garanticen que las personas en situación de discapacidad puedan ejercer sus derechos fundamentales en igualdad de condiciones con las demás. Estos ajustes hacen parte del modelo social de discapacidad previsto por la Constitución.

El ministro instructor del máximo Tribunal -Sergio Muñoz-, acogió el pedido de extradición, pero no hizo lugar a la entrega del requerido -que actualmente se encuentra cumpliendo dos condenas por robo en la cárcel de La Serena-, debido a que “el traslado podría afectar el genuino esfuerzo observado en el encartado para reinsertarse a la sociedad, así como su arraigo familiar”. Ordenó que la investigación y juzgamiento se sigan en Chile.