No se vislumbra vulneración derechos constitucionales, ni tampoco hay medida que a estas alturas se pueda adoptar para restablecer el imperio del derecho en favor del actor.
Tras la presentación del Ministerio del Deporte, la Comisión de Educación respaldó en general el proyecto que busca un plazo amplio para que las víctimas puedan denunciar y así avanzar, “hacia un perfeccionamiento del marco legal de la prevención y sanción de conductas vulneratorias en la actividad deportiva nacional”.
El Tribunal de alzada descartó que la información solicitada, por ley de transparencia, tenga el carácter de reservada o secreta.
La investigación en contra del actor resulta arbitraria e ilegal, y vulnera el debido proceso, pues ha sido investigado por una comisión que ha excedido la esfera de sus atribuciones. Asimismo, su honra también ha sido vulnerada, por cuanto se adoptaron medidas establecidas para situaciones distintas a la suya.
Un acoso ocurrido un año y medio antes no puede invocarse para calificar el despido como discriminatorio, máxime si el proveedor externo al que se le atribuye dejó de concurrir al lugar de trabajo de la actora.
Si la víctima es menor de edad pero mayor de 14 años, para aplicar esta pena debe además haberse aplicado fuerza o intimidación; o haberse aprovechado de la víctima sea por perturbación mental, ignorancia o haciendo abuso de una posición de autoridad, o haber hecho amenazas.
Las denuncias se han acrecentado en los últimos años en distintos Estados del país. Se espera que en los próximos meses se presenten nuevas demandas contra la empresa, la cual ha reconocido la necesidad de mejorar sus sistemas de seguridad para garantizar el bienestar de sus pasajeros.
Las traducciones y los testimonios no ofrecen una divergencia esencial en cuanto a la interpretación de la expresión francesa «promotion canapé», la cual se relaciona con el título de una película humorística francesa de 1990, y se utiliza entre francófonos para designar la obtención de una promoción o ventaja profesional mediante favores sexuales.
El Tribunal de alzada confirmó la resolución recurrida, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena, que condenó en costas al Fisco al pago de $20.000.000 a cada una de las demandantes; además, como medidas reparatorias, deberá la repartición publica capacitar a todos los funcionarios de la seremía sobre violencia de género y acoso laboral y dar disculpas públicas a las demandantes, a través de una publicación en la sección de noticias de la página web del Ministerio del Medio Ambiente.
Se constató una vulneración del derecho al respeto a la vida privada y familiar, debido a que la investigación llevada a cabo por las autoridades fue deficiente y no protegió la intimidad de la denunciante.
