El Tribunal de alzada confirmó la resolución recurrida, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena, que condenó en costas al Fisco al pago de $20.000.000 a cada una de las demandantes; además, como medidas reparatorias, deberá la repartición publica capacitar a todos los funcionarios de la seremía sobre violencia de género y acoso laboral y dar disculpas públicas a las demandantes, a través de una publicación en la sección de noticias de la página web del Ministerio del Medio Ambiente.

Se constató una vulneración del derecho al respeto a la vida privada y familiar, debido a que la investigación llevada a cabo por las autoridades fue deficiente y no protegió la intimidad de la denunciante.

El derecho a vivir una vida libre violencia o amenazas a la integridad psíquica se desarrolla ampliamente en tratados internacionales relacionados con los derechos de las mujeres.

Fiscalización a las 39 subsecretarías mostró que las 36 que respondieron a solicitudes de información, cuentan con instrumentos o procedimientos para investigar y sancionar situaciones de este tipo o estaban implementándolos en 2021, pero todas registran infracciones asociadas a su publicación en transparencia activa.

No se aprecia la necesidad de cautela urgente en razón de haberse materializado la privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de los derechos y garantías constitucionales objeto del recurso.

La contingencia profesional es aquella ocasionada por una insuficiencia derivada del servicio, mientras que la contingencia común se ocasiona por accidentes u enfermedades de origen no profesional o común.

Al existir un sumario administrativo en curso, el resultado de éste puede afectar la decisión provisoria que separó al recurrente de la institución.

El proyecto, que ahora deberá ser analizado por la Cámara Baja, propone sancionar penalmente, como complemento de la normativa laboral, la conducta en el ámbito de relaciones de trabajo, educacionales, militares, deportivas, de prestación de servicios, de subordinación o en el cumplimiento de funciones públicas.

La iniciativa apunta también a delitos relacionados e incorpora la perspectiva de género en la reglamentación interna del Sistema Nacional de Bomberos.

Los partidos y sus dirigentes tendrán que establecer medidas claras y efectivas para este cometido, además de denunciar aquellos hechos.