La recurrente denunció por acoso sexual -entre otras cosas- al director del programa de postgrado que cursa, solicitando a la universidad el cambio de sede para finalizar su especialización, petición que fue rechazada por el plantel y confirmada por el máximo Tribunal, que estimó que los actos administrativos intermedios no pueden ser impugnados mediante la acción cautelar, pues aún no finaliza la investigación interna iniciada con la denuncia de la actora.

Modifica la ley del Deporte, la ley que crea el Ministerio del Deporte, y la ley que regula las sociedades anónimas deportivas profesionales.

Ambos tuvieron una relación sexual puntual, pero a mediados de 2015, él decidió no continuar y la mujer no aceptó dicha decisión, por lo que comenzó a tomar una actitud de control.

Lo descubrieron porque en agosto de 2021 los ordenadores de la entidad mercantil iban muy lentos y tenían problemas de acceso a internet, por lo que necesitaron los servicios de una empresa informática.

El mandato legal de incluir la normativa interna de las instituciones de educación superior en los convenios que estas celebren con organismos de la Administración del Estado, no puede afectar las potestades de administración y disciplinarias de estos últimos.

El egresado ha cumplido con todas y cada una de las etapas para la obtención de su grado académico, pero no se le da dado respuesta fundada a su petición de fecha para rendir el examen de grado, pese a que las condiciones anotadas han sido superadas, lo que es discriminatorio.

Mantener medidas de protección ineficaces por un plazo no razonable, constituye una forma de negación del derecho a la igual protección lo que afecta la posibilidad de la actora a continuar con sus estudios.

El Tribunal de alzada acogió la acción de protección al estimar que el actuar de la universidad vulnera las garantías fundamentales de la recurrente.

La libertad de expresión cuenta con una protección constitucional reforzada; i) por ser mujer que afirma haber sido víctima de violencia sexual, física y psicológica ii) es una denuncia vía escrache, y por tanto se trata de un discurso constitucionalmente protegido iii) es una denuncia publicada de manera anónima y por tanto se deben adoptar todas las medidas para garantizar la reserva de la víctima iv) es un denuncia publicada directamente por la víctima lo que supone que no son exigibles los criterios de veracidad e imparcialidad.

De esta forma, se resguarda adecuadamente la independencia del fiscal en la instrucción de los sumarios, se preserva la objetividad que debe imperar en el procedimiento y se garantiza el respeto a los presupuestos del debido proceso y, a su turno, no existirán excusas para no llevar adelante las investigaciones en esos casos.