El Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, explicó los alcances de la iniciativa que establece reglas especiales para la ampliación, reparación o construcción de estos recintos.

Se estima que la tenencia de estos elementos es una conducta peligrosa por su potencialidad de afectar la seguridad de las personas y de la sociedad cuando se usan tanto para la planificación y ejecución de delitos.

La propuesta se impulsa en función del gran número de delitos, como estafas telefónicas o extorsiones, que se realizan desde las cárceles bajo la modalidad “cuento del tío”.

A través de dos resoluciones, la Cámara pidió al Ejecutivo abordar la situación de los recintos penales y la realidad carcelaria vigente

Los fiscales Tita Aránguiz Zúñiga, Carla Troncoso Bustamante, Jaime Salas Astraín y Anamaría Quintero Harvey pidieron pronunciamiento al tribunal de alzada, el cual luego de analizar la situación y pedir informe a los jueces, estableció que la comunicación telemática no permite fiscalizar el estado de los internos, por lo que deben volver a ser presenciales.

Las instancias judiciales han rechazado la demanda de manera liminar sin que se haya llevado cabo la correspondiente investigación sumaria que constate el estado de salud del interno, el diagnóstico médico y el tratamiento que se le habría prescrito, lo que configura una eventual vulneración del derecho a la salud del interno.

La propuesta que nació de una demanda de Gendarmería, va en la línea de frenar la coordinación del crimen organizado y la comisión de delitos como estafas.

La Sala del Senado deberá revisar la propuesta respaldada transversalmente, por la Comisión de Seguridad Pública en su última sesión.

Las investigaciones no sólo deben estar orientadas a establecer los responsables materiales de los hechos, sino también respecto de aquellas autoridades que por acción u omisión pudieran ser responsables.