Se aplicó el criterio asentado en el Dictamen N°22.766/20162016 e Instructivo N°E156769N21 de la Contraloría General de la República, que determinan que la confianza legítima en las contratas se genera a partir de la segunda renovación anual.
Se sigue el criterio establecido por la Corte Suprema, según el cual la confianza legítima se adquiere luego de 5 años en el cargo. Además, descartó su aplicación debido a que la designación del actor se originó en la relación de confianza que tenía con el anterior jefe de servicio.
El plazo de 5 años se estima un periodo prudente para que la administración evalúe íntegramente no sólo el desempeño del funcionario, sino que, además, estudie la necesidad de seguir contando con el cargo que sirve la persona.
Las deficiencias pretéritas del Servicio de Registro Civil no son oponibles al recurrente, como tampoco puede generar su desmejoramiento social y legal. Por lo tanto, deben mantenerse las situaciones jurídicas afianzadas en el tiempo.
Más allá de que se trate de una facultad discrecional de la Administración, en el caso concreto, tal ejercicio además consideró cuestiones de competencias y aptitud para el desarrollo de las funciones encomendadas.
Cinco funcionarios del departamento de salud del municipio de Alto Biobío fueron cesados en sus cargos, al no poseer ideas políticas afines con las del alcalde de la comuna, lo que vulneró la legítima expectativa en la renovación del contrato, así como el derecho a no ser discriminado arbitrariamente.
La adquisición de derechos de extracción debe respetarse conforme a los principios de buena fe, seguridad jurídica y equidad, habiendo nacido en los pescadores artesanales la confianza legítima de que la autoridad le habría reconocido y declarado sus derechos.
El principio de la confianza legítima se aplica únicamente para aquellos funcionarios que han sido incorporados a sus labores en calidad a contrata, y luego de dos renovaciones anuales del contrato.
El contrato a plazo fijo de la actora fue renovado en más de dos ocasiones, circunstancia que tuvo el efecto de transformar el contrato a plazo fijo en uno indefinido, por lo que el término del mismo debió sujetarse a las disposiciones del Código del Trabajo.
El máximo Tribunal consideró que la autoridad recurrida se encontraba legalmente facultada para cesar los servicios a contrata de la parte recurrente, por lo que no avizoró la existencia de un comportamiento antijurídico.
