El dictamen impugnado se emitió en conformidad a derecho y CONAF como órgano de la Administración está obligado a dar cumplimiento a la interpretación que ha realizado el órgano contralor.
Requerido su informe, el Instituto de Previsión Social adujo, en síntesis, que la pensión no contributiva del solicitante se determinó en base a la información proporcionada por Carabineros de Chile, sobre las remuneraciones del interesado.
El ente contralor adujo que corresponde al tribunal electoral regional respectivo, y no a esta Contraloría General, conocer y declarar las eventuales contravenciones al principio de probidad administrativa en que pudieran incurrir, tanto los alcaldes como los concejales.
El ente contralor adujo que dicha información solo puede ser utilizada para fines estrictamente institucionales.
Requerido su parecer, el mencionado organismo manifestó, en síntesis, que el recurrente no entregó los productos ofertados dentro del plazo comprometido.
Esto, a propósito de solicitud del Director del Servicio Electoral -SERVEL-.
El pronunciamiento complementa el Dictamen N°9.913 de 2020.
El ente contralor adujo que la Subsecretaría de Obras Públicas puso término anticipado al convenio en comento por haberse superado el plazo de 30 días corridos para la entrega de la etapa N° 1 -consistente en la instalación de faenas en el lugar de construcción de la nave cercano al lago.
El artículo 86 del Estatuto Administrativo impide el desempeño paralelo en dos cargos públicos y en consecuencia el pago de dos remuneraciones financiadas con fondos fiscales.
Esto, a propósito de solicitud del diputado Fidel Espinoza, quien solicitó una investigación respecto de la actuación de dicha Municipalidad en una licitación pública que, según expone, se habrían cometido una serie de irregularidades que terminaron por favorecer a una empresa.
