El ente contralor adujo que corresponde que esa empresa emita un informe jurídico, acompañando la documentación de respaldo e indicando las circunstancias de hecho y de derecho que resulten pertinentes.
El ente contralor adujo que atendido que se encuentra en curso el referido procedimiento administrativo y, particularmente, que el SII no ha determinado la situación concreta de cada uno de los funcionarios públicos hasta la fecha, esta Contraloría General señaló que no resultaba procedente la adopción de medidas disciplinarias, por ahora.
El ente contralor adujo que la FACH se encuentra facultada para exigir una caución por permanencia por el término de 5 años, al personal que sea destinado a efectuar un curso de perfeccionamiento, y a su vez los funcionarios de las instituciones castrenses están obligados a garantizar su permanencia en el servicio, a fin de evitar su abandono en forma voluntaria y para asegurar la entrega a favor del mismo de los conocimientos que ha adquirido por un plazo mínimo.
Esto, a propósito de solicitud del Alcalde de la Municipalidad de Ancud, quien requirió un pronunciamiento en relación con el bono para los trabajadores de las empresas concesionarias de aseo contemplado en la ley Nº 21.125.
El ente contralor adujo que lo señalado, debe ser regulado en sus respectivos reglamentos de funcionamiento interno.
El ente contralor adujo que la prohibición legal la constituye la entrega de bolsas plásticas de comercio, a cualquier título, esto es, proporcionarlas para los fines de transportar la mercadería adquirida, acción diferente al comercio de aquellas, aspecto al que aluden los recurrentes y que no es el objeto del pronunciamiento en cuestión.
El órgano contralor adujo que corresponde que ese organismo público dilucide la eventual afectación de la totalidad de los usuarios de la respectiva corriente -incluidos los titulares de derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas-, y adopte las medidas que sean atingentes.
Esto, a propósito de solicitud del diputado Leonidas Romero Sáez, a través de la cual requiere que se determine si procede lo señalado, cuando estos instrumentos no se están ejecutando por decisión de la autoridad debido a la pandemia por COVID-19 que afecta al país.
Esto, a propósito de reclamo de un particular en contra de la DIPRES ya que para ingresar al “Registro de Expertos en Evaluación de Programas e Instituciones Públicas” establecido por ese servicio, se exigen requisitos que, a su juicio, constituyen una barrera de entrada para los postulantes.
Esto, a propósito de solicitud de la CONADI, en la que solicita un pronunciamiento en orden a determinar si, en virtud de lo dispuesto por el artículo 20, letra b), de la ley N° 19.253, resulta procedente la entrega de una cantidad de dinero a título de indemnización como un mecanismo que permita solucionar los problemas de tierras cuando no sea posible la adquisición de terrenos.
