Esto fue consultando, en el contexto de una licitación privada convocada por ENAP, sobre la aplicación en este caso de la inhabilidad contemplada en la ley N° 19.886 para empresas proveedoras que han infringido leyes laborales, y sobre la pertinencia que sean contratadas por empresas del Estado.

El ente contralor adujo que es posible otorgar a quienes se desempeñen bajo la modalidad de honorarios beneficios económicos o estatutarios semejantes a los que se reconocen a los funcionarios públicos, siempre que aquellos cumplan con las mismas condiciones y requisitos que los que se exigen a estos últimos para impetrarlos.

El ente contralor adujo que no habiéndose aportado antecedentes, de hecho o de derecho, que hagan plausible la reconsideración de la jurisprudencia impugnada, se desestima la presentación de la entidad edilicia.

Esto, a propósito de solicitud del diputado Alexis Sepúlveda Soto, quien consulta sobre la fuente de financiamiento de la compra de dos millones quinientas mil canastas familiares que anunció el Presidente de la República en el mes de mayo de esta anualidad.

EL ente contralor adujo esto, toda vez que, concurriendo aquellos, no existe una norma legal que permita modificar el orden de prelación y los porcentajes de concesión contemplados al efecto, agregando que, en derecho público, solo puede realizarse lo que está expresamente permitido por la ley.

El ente contralor adujo que Para los efectos de contabilizar el número de asistentes permitidos por el protocolo de funerales que indica en sepelios realizados en el contexto de la pandemia de COVID-19, se debe considerar a todas las personas presentes en ellos y la calidad en la que concurren.

Esto, a propósito de solicitud de pronunciamiento pedida por del director del Servicio de Impuestos Internos.

Entre los más destacados, resalta el que concluye que los Servidores públicos que indica pueden ser candidatos a integrar la convención constitucional.

Esto, a propósito de solicitud de una particular respecto de si le asiste el derecho a obtener la restitución de las cotizaciones efectuadas mientras fue funcionaria del Hospital Regional de Concepción, entre los años 1982 y 1989, por concepto de indemnización de desahucio.

Esto, a propósito de solicitud del Senador Alejandro Guillier, quien pide un pronunciamiento en relación a si se ajusta a derecho el procedimiento de otorgamiento de beneficios adicionales o complementarios a quienes fueron favorecidos con la Beca de Doctorado Nacional, seguido por la entonces Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT), actual Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID).