El ente contralor adujo que el consejo por el que se consulta es un organismo colegiado, de carácter participativo y consultivo, cuya conformación y funcionamiento se encuentran regulados por la ley y los reglamentos dictados al efecto por los municipios.

El ente contralor adujo que esta causal de rechazo transitorio pugna con lo dispuesto en la Convención sobre Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer como también con lo previsto en la ley Nº 20.609, que Establece Medidas contra la Discriminación.

El ente contralor adujo esto, siempre y cuando los proveedores mantengan vigentes los contratos de los trabajadores adscritos al respectivo acuerdo de voluntades y acrediten el cumplimiento del pago de sus remuneraciones y de las obligaciones de seguridad social.

El órgano fiscalizador manifestó que, en dicha decisión se han tenido en consideración, además, los principios de eficacia, eficiencia y economicidad, que obligan a racionalizar el uso de los recursos destinados al ejercicio de dicha potestad de control, privilegiando los controles de reemplazo.

Esto, a propósito de solicitud de particular sobre revisión del procedimiento utilizado por el Ministerio de Bienes Nacionales para, a su juicio, desafectar 5 mil hectáreas del Parque Nacional Patagonia y entregárselas a la empresa minera Australian Equus.

Esto, a propósito de solicitud del Servicio Agrícola y Ganadero, consultando si el criterio contenido en el dictamen N° 5.351, de 2020, resulta aplicable al personal de esa entidad que indica.

El órgano contralor manifestó que, en consecuencia, corresponde que ese servicio instruya un procedimiento disciplinario tendiente a establecer las responsabilidades administrativas derivadas de lo anterior.

Esto, a propósito de solicitud del Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso y el Servicio de Salud Metropolitano Norte.

Esto, a propósito de consulta efectuada por la Universidad de Antofagasta.

El ente contralor adujo que corresponde a ella investigar -y eventualmente sancionar- los hechos o conductas que vulneren la mencionada garantía, sin perjuicio, por cierto, de la posibilidad de los afectados de recurrir a la vía judicial.