No existe afectación a la libertad individual del imputado, integrante de la banda criminal denominada “Tren de Aragua”, toda vez desde hace ocho meses aquel fue trasladado desde el penal de Arica a otro fuera de la región, resultando una situación ya consolidada.
La propuesta fue presentada tras hacerse pública una investigación policial contra un plan ideado para asesinar a altas autoridades. La iniciativa busca tipificar la conspiración y el entorpecimiento de las investigaciones contra las organizaciones delictivas, y conferir mayor protección a los funcionarios involucrados.
Se han llevado a cabo dos operativos policiales en forma paralela que han dejado hasta el momento decenas de detenidos y una gran cantidad de allanamientos, en distintas ciudades de Brasil. En caso de ser declarados culpables arriesgan hasta 12 años de cárcel.
En la instancia se analizarán normas vinculadas a la diferenciación de sustancias para tráfico o consumo personal y el cultivo medicinal de cannabis, entre otros puntos rechazados por la Sala de la Cámara.
A través de una resolución, las y los diputados solicitaron además que el gobierno tome acciones para el desbaratamiento del crimen organizado.
Procede la agravante de extrema gravedad si se trata de organizaciones internacionales que cooperan entre sí y enlazan relaciones comerciales delictivas transnacionales planeando una operación de tráfico de grandes cantidades de cocaína, en la que interviene más de una organización diferente asentada en diversos países.
La iniciativa tiene como antecedente los nuevos fenómenos criminales que han surgido, entre ellos la ciberdelincuencia, el narcotráfico y criminalidad organizada.
“Se considera importante establecer medidas para fortalecer la independencia judicial de eventuales influencias en el ejercicio jurisdiccional, en especial, aquellas relacionadas con procesos penales sobre ilícito de estupefacientes o sustancias psicotrópicas, evitando la apertura de posibles focos de corrupción”, sostiene, en las conclusiones en el informe, el pleno de ministros.
Le da el carácter de delito a la usurpación y establece como pena de simples delitos la prestación de servicios en beneficio de la comunidad.
Es indispensable diseñar una política de Estado, nacional y transversal.
