La instancia, integrada por senadores y diputados, está llamada a buscar una propuesta consensuada para: determinación de pena, a partir del punto medio; principio de oportunidad; interceptación de comunicaciones; reformalización; suspensión condicional del procedimiento; imputados enajenados mentales; modificaciones a la ley responsabilidad penal adolescente; y recompensa del presidente de la República.
La Corte calificó de “catástrofe humanitaria” la situación detectada luego de dos visitas al centro penitenciario. “No se puede esperar que ocurra una desgracia como la acontecida en la cárcel de San Miguel para tomar medidas urgentes”, añade el fallo.
La resolución afirma que el actuar del juez al no dejar alegar al Ministerio Público, presente en la audiencia, constituyó un acto arbitrario, el cual debe ser remediado por la vía de esta acción cautelar de protección.
La decisión del tribunal otorga “un plazo de 24 horas para dar cumplimiento a lo ordenado, bajo apercibimiento legal”.
El abogado Carlos Mora Jano presentó ante la Comisión de Principios, Derechos Civiles y Políticos, los argumentos para solicitar la autonomía constitucional.
El artículo 9, N°4, de la Convención de los Derechos del Niño, dispone las medidas que deben adoptar los Estados en caso de expulsión o separación de los padres, pero esto no impide la adopción de esta medida cuando se encuentra justificada.
El actor señaló que la omisión de visitas se debió a ser contacto estrecho por COVID y a que se tomó vacaciones; razones que fueron calificadas, tanto por la Defensoría Penal Pública como por la Corte como insuficientes para exonerarlo de responsabilidad.
La misma resolución ordenó mantener al adolescente sin comunicación con otros detenidos o reos mayores de edad, y dar cumplimiento a la Convención sobre los Derechos del Niño, en tal sentido.
Del texto del recurso aparece que la situación descrita constituye uno de los supuestos previstos en el artículo 21 de la Constitución, en cuanto se alude a una presunta afectación a la libertad personal del amparado.
La decisión de prolongar la cuarentena más allá del periodo recomendado por la autoridad sanitaria torna la pena privativa de libertad en un mero castigo, toda vez que interrumpe la reinserción social que el bloque constitucional asigna a la pena.
A través de autonomías institucionales, se apunta a establecer compromisos de estabilidad y determinación de políticas públicas asociadas a la asistencia legal.
