El máximo Tribunal sostuvo que los ministros recurridos obstruyeron el ejercicio del derecho a tutela judicial efectiva, al declarar inadmisible un recurso de apelación interpuesto contra una sentencia dictada por un juez de policía local, fundado en que el libelo no posee peticiones concretas, en circunstancias que la ley de procedimiento ante dichos juzgados excluye tal requisito al momento de impugnar un fallo de base.
El máximo Tribunal sostuvo que el juez del grado no puede conformarse únicamente con dar a conocer la parte resolutiva del fallo, debido a que de los artículos 39, 381, y 396 del Código Procesal Penal, se desprende su obligación de escriturar íntegramente la decisión condenatoria, y en caso contrario, la magistratura vulnera los derechos a defensa y a presentar recurso que posee el imputado.
El requirente alega que la norma legal objetada infringe la igualdad ante la ley, la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos, el derecho a la defensa jurídica y a un procedimiento racional y justo, ya que impide someter a una segunda revisión la decisión acerca de la incompetencia del tribunal.
Pese a que el Juzgado de Garantía de Osorno no dio a conocer el mismo día de su dictación la totalidad de la sentencia condenatoria, puso en conocimiento de la defensa del imputado el fallo en su totalidad dentro del plazo para deducir recurso de nulidad en su contra, acción que efectivamente ejerció el acusado en tiempo y forma, descartándose de esta manera su argumento de vulneración al debido proceso.
Al no cumplir con el mandato expreso de los artículos 39 y 396 del Código Procesal Penal, la magistratura vulneró el debido proceso del imputado al privarlo de conocer los fundamentos de la condena, así como de la posibilidad de ejercer oportunamente su derecho al recurso.
Así lo establece el artículo 39 del Código Procesal Penal, por ende, si la magistratura sólo comunica la parte resolutiva del fallo, vulnera el derecho del acusado a conocer los fundamentos que el tribunal consideró para arribar a la decisión condenatoria.
La celeridad en los procesos orales no es óbice para sólo dar a conocer la parte resolutiva de la sentencia, pues aquello vulnera el debido proceso del acusado al privársele de conocer los fundamentos de su condena.
El Juzgado de Garantía de Villa Alemana condenó al recurrente por manejo en estado de ebriedad, no obstante, no cumplió con la obligación de dar a conocer por escrito los fundamentos del fallo, hecho que conculcó el debido proceso del acusado quien se vio privado de su derecho a interponer recurso.
Recurrente obtuvo la invalidación de una sentencia condenatoria y del juicio que la precedió, al acreditar que el fallo dictado en juicio oral simplificado no fue registrado por escrito, dándosele a conocer únicamente la parte resolutiva de la decisión, conculcando con ello su derecho a conocer los fundamentos del fallo y a ejercer el recurso respectivo.
