El requirente alega que la restricción recursiva no tiene fundamento racional y vulnera el debido proceso.
No corresponde calificar las “bondades” de las normas, solo resolver si se ajustan a los preceptos constitucionales, para así no inmiscuirse en el “ejercicio de la función pública” que cabe al Congreso. Las apreciaciones del mérito y oportunidad que llevan a la adopción de una u otra fórmula normativa corresponden al legislador.
No se divisan motivos razonables para exigir el cumplimiento de la obligación de comparecer en circunstancias que el procedimiento ante el CAM Santiago se tramitó de forma completamente digital.
El requirente alega que la restricción recursiva afecta gravemente la garantía del debido proceso.
El requirente alegó que se establece una limitación arbitraria e irracional a la interposición del recurso de nulidad formal por la sola circunstancia de haberse deducido en una reclamación regida por una ley especial, lo que vulnera sus garantías constitucionales.
La requirente estima que se configura una limitación arbitraria que transgrede su garantía a un debido proceso.
La requirente alega que la restricción recursiva lo deja sin la posibilidad de controvertir una sentencia viciosa, vulnerando el debido proceso y la igualdad ante la ley.
El requirente alegó que se le impide controvertir el fondo de la cuestión alegada, lo que infringe su derecho a la igualdad ante la ley y al debido proceso, pues sólo se concede apelación en contra de las sentencias definitivas o de aquellas resoluciones que hagan imposible la continuación del juicio.
El requirente alega que la aplicación del artículo impugnado lo posiciona en una situación de indefensión.
La requirente estima que la norma impugnada transgrede su derecho al recurso.
