El grupo familiar fue víctima de vulneración de derechos que implicó el cambio de domicilio como medida de protección, pero no podido matricular a su hija en la plataforma Sistema de Admisión Escolar, en el apartado “Anótate en la Lista”, lo que vulnera los derechos que consagran los números 1 y 2 del artículo 19 de la Constitución, y la Convención de los Derechos del Niño.
Chile es el segundo país de América Latina, después de Argentina, en contar con una institución de estas características. Australia, Noruega, Nueva Zelanda, Reino Unido y Suecia fueron los primeros países del mundo que incorporaron un Defensor de los Derechos de la Niñez.
El Tribunal de alzada le ordenó a las recurridas otorgar, sin más trámite, la cobertura solicitada y financiar la terapia recomendado por el médico tratante.
El Tribunal de alzada acogió la acción cautelar al establecer que en la especie debe primar el interés superior del niño por sobre las creencias de la madre.
Es necesario contar con una consagración constitucional expresa, con pleno reconocimiento de la infancia y el deber de estado de otorgar todos los medios materiales y espirituales para el sano crecimiento y desarrollo de la infancia
Se alega que el reportaje vulnera el derecho a la honra y que al permanecer en los portales hace que la perturbación se mantenga en el tiempo, impidiendo que ella y su familia puedan desarrollar su vida normal.
La conducta de la recurrente no solo infringe el correcto funcionamiento de los servicios de televisión, si no que, además, importa una infracción a la Convención de los Derechos del Niño.
La iniciativa sostiene que se deben adoptar todas las medidas administrativas y legales para disminuir la brecha en el reconocimiento de los derechos de hijos e hijas entre las parejas del mismo o de distinto sexo.
El Tribunal emitió dos fallos, relacionados con una pareja de lesbianas que tuvo hijos mediante reproducción asistida en el extranjero, y con dos hombres unidos en sociedad civil que tuvieron un hijo por gestación subrogada en Canadá.
La libertad de expresión se puede limitar a través de medidas jurisdiccionales cuando tiendan a la protección del interés superior del niño y la protección de derechos personalísimos de los menores.
La Magistratura constitucional colombiana adujo esto, pues se vulnera el derecho prevalente a la verdad y a la justicia disciplinarias cuando son sujetos procesales en razón de su condición de víctimas, desconociendo que los niños y niñas tienen derecho a expresar libremente su opinión y a que esta sea tenida en cuenta.
