El máximo Tribunal estimó que el recurrente -una víctima de tortura durante la dictadura cívico militar-, pretende desconocer los hechos asentados en la causa, debido a una disconformidad con el monto indemnizatorio decretado a su favor en el fallo de primer grado. Asimismo, la Corte Suprema indicó que el demandante no preparó adecuadamente el recurso de nulidad formal.
La detención fue ejecutada por agentes del Estado en una época de excepción constitucional, a instancias del director del establecimiento de salud, un oficial de Ejército.
El incumplimiento de normas migratorias no constituye un delito, por lo que ninguna persona puede ser sometida a sanciones penales por su condición de movilidad humana.
El máximo Tribunal descartó error de derecho en la sentencia que le ordenó al Fisco pagar $60.000.000 a Ávila Rosas y $30.000.000 a su hijo que tenía entre cinco y seis meses de gestación a la fecha de la última detención de su madre.
El TEDH consideró que la detención y prisión preventiva del demandante fueron ilegales y vulneraron las garantías procesales que protegían a los jueces del Tribunal Constitucional.
