La Universidad debe utilizar los mecanismos propios que el derecho contempla para el cobro de una deuda a través de las acciones jurisdiccionales correspondientes.
De esta forma, se resguarda adecuadamente la independencia del fiscal en la instrucción de los sumarios, se preserva la objetividad que debe imperar en el procedimiento y se garantiza el respeto a los presupuestos del debido proceso y, a su turno, no existirán excusas para no llevar adelante las investigaciones en esos casos.
Las ilegalidades del procedimiento afectan el derecho a la igualdad de trato que consagra el artículo 19 N° 2 de la Constitución, en la medida que el recurrente fue sometido a un procedimiento disciplinario que no se sujetó a la regulación naturalmente aplicable.
Esta facultad se mantiene aun cuando los beneficiarios de la Beca la mantengan documentada por medio de un pagaré y no hayan reemplazado dicha obligación por un convenio.
La decisión es arbitraria por ausencia de motivación suficiente, al no explicarse la razón que llevó a la Universidad a aplicar al estudiante la máxima sanción posible, existiendo un catálogo de otras sanciones aplicables que resultaban más acorde a los hechos imputados.
La propuesta estudiada por la Comisión de Educación, también moderniza los requisitos de ingreso al plantel eliminándose el de estatura mínima y permitiéndose que cualquier tipo de licencia media sirva para postular.
Negar el grado académico a la recurrente por su situación de deuda, es discriminatorio en relación a otros alumnos que sí pueden acceder al proceso de titulación respectivo.
La recurrida no acompañó evidencia de haber informado la eliminación, incumpliendo su propia reglamentación que estipula que dicha sanción debe aplicarse por medio de una resolución fundada y mediante un procedimiento que garantice el debido proceso.
La demora contraviene el protocolo dictado en conformidad a la Ley N°21.369, lo que hace procedente la adopción de medidas para reestablecer el imperio del derecho.
Lo reclamado por el estudiante no constituye un derecho indubitado vulnerado por la Universidad; es un conflicto jurídico que corresponde ser resuelto mediante los procedimientos establecidos en el estatuto universitario.
