El ministro instructor del máximo Tribunal -Sergio Muñoz-, acogió el pedido de extradición, pero no hizo lugar a la entrega del requerido -que actualmente se encuentra cumpliendo dos condenas por robo en la cárcel de La Serena-, debido a que “el traslado podría afectar el genuino esfuerzo observado en el encartado para reinsertarse a la sociedad, así como su arraigo familiar”. Ordenó que la investigación y juzgamiento se sigan en Chile.

El máximo Tribunal revocó la sentencia del ministro instructor que inicialmente dio lugar a la extradición, al estimar que la acción penal se encuentra prescrita por transcurrir más de 10 años entre la comisión del hecho -en abril de 2012-, y la presentación de la solicitud de extradición de abril de 2023.

Tras perpetrar el delito se radicó en Escocia y simuló haber muerto de cáncer terminal, hasta que su farsa fue descubierta en 2021 luego de enfermar de Covid-19. Su obituario con sus «últimas palabras» fue difundido en un sitio web.

Razones de índole humanitaria pueden justificar sólo la posibilidad de «aplazar la entrega del reclamado» si existieran «circunstancias excepcionales de carácter personal y suficientemente serias» que hicieran que la «entrega» fuera «incompatible con razones humanitarias».

El requirente no acompañó ningún documento que hiciera suponer la participación del connacional en el delito acusado, cometido en la capital de la nación guaraní en septiembre de 2020, incumpliendo de esta manera la letra c) del artículo 449 del Código Procesal Penal.

La República de Colombia solicitó la extradición de un ciudadano venezolano avecindado en Chile, para ser investigado por su presunta participación en un delito de femicidio agravado cometido el 2020 en la localidad de Caldas.

La limitación del plazo máximo de duración de la medida de prisión preventiva encuentra su último fundamento en la seguridad jurídica de los ciudadanos, que con la previsión legal tienen la posibilidad de conocer hasta qué momento puede durar la restricción de su derecho fundamental a la libertad en virtud de la medida cautelar.

El requerido fue solicitado por la república de Perú, para ser investigado por un robo agravado cometido en Lima en el año 2007. La ministra instructora del máximo Tribunal estimó que la acción penal se encontraba prescrita, pues transcurrieron más de 10 años desde la comisión del delito y la fecha de la audiencia de extradición en 2023.

Surge de los antecedentes que el plazo en cuestión es de 4 años y 6 meses, compuesto por el plazo de prescripción ordinario -de 3 años- correspondiente a la pena máxima prevista para el delito imputado más la mitad de ese plazo.

No existen razones sólidas que hagan plausible la hipótesis de que el ciudadano reclamado pueda ser objeto de actos de persecución y/o discriminación por motivos de raza, religión, sexo, nacionalidad, idioma, condición social y/o personal en su país, ni prever pruebas concretas de que su situación jurídica se verá agravada por alguno de estos elementos.