El requerido fue solicitado por la justicia de su país para ser juzgado por un delito de tráfico presuntamente cometido en el año 2013, ilícito cuya acción penal se encuentra prescrita según nuestra legislación, por lo tanto, en la especie no se cumple con el requisito de la letra c) del artículo 449 del Código Procesal Penal.

La ministra Vivanco consideró que se cumplen los requisitos para acceder a la extradición, ya que el proceso se tramitó en Italia de acuerdo a las normas del debido proceso y se rechazó la excepción de aplicación del Decreto Ley de Amnistía al tratarse de crímenes de lesa humanidad.

El requerido es acusado de dar muerte a su pareja en un hostal de una localidad peruana el año 2012, y la ministra instructora desestimó la prescripción de la acción penal por aplicación del artículo 100 del Código Penal, que establece una regla especial de “dos días por uno” para el cómputo de los plazos, cuando el autor de un ilícito se encuentra fuera del territorio.

El requerido se allanó a la solicitud de extradición, por lo que la magistratura dispuso la entrega diferida del encartado una vez cumplida una pena por tráfico de drogas, que actualmente lo mantiene recluido en la cárcel de Alto Hospicio.

En 2018, el requerido actuó concertadamente con un tercero para dar muerte a un particular al que le debía dinero; para evadir la persecución penal huyó a Chile, donde trabajaba como peluquero en la comuna de Puente Alto hasta que fue detenido.

También desestimó los riesgos denunciados desde el punto de vista de la prohibición contra la aplicación de penas o tratos crueles, inhumanos y degradantes por su condición de lonko.

El requerido había sido juzgado por su presunta participación en un delito de tráfico de droga agravado y fue absuelto en el año 2014. Con posterioridad, dicha sentencia fue anulada, no obstante, la acción penal prescribió, por lo que se negó su extradición al no cumplir la solicitud con el requisito establecido en la letra b) del artículo 449 del Código Procesal Penal.

El requerido intentó revertir la decisión indicando que fue juzgado penalmente en ausencia, argumento que fue desestimado por el máximo Tribunal, al sostener que tal idea no puede ser esgrimida en un procedimiento de extradición, pues debe ser planteada ante la autoridad competente en Colombia.

No se vislumbra alguna afectación ilegal al derecho a la libertad personal y seguridad individual del artículo 19 número 7 de la Constitución, toda vez que las alegaciones fundantes del amparo no se han hecho valer en el tribunal que actualmente conoce la causa, señala el voto en contra.

El máximo Tribunal desestimó los recursos de nulidad y apelación en subsidio, confirmando la sentencia dictada por el ministro instructor, que acogió la petición de extradición respecto del connacional, al verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 449 del Código Procesal Penal, disponiendo así la entrega del requerido para su juzgamiento en tierras ibéricas.