El requerido fue condenado en 2004 por robo agravado en Perú, y fue beneficiado en 2006 con la libertad condicional, pena que fue quebrantada en 2007 al no presentarse para control de la autoridad. La ministra estimó prescrita la pena, al transcurrir más de 10 años entre el quebrantamiento de aquella y la presentación de la solicitud de extradición.

El requerido se encontraba radicado en el sector sur de la capital desde el año 2014, cuando arribó al país huyendo de la justicia trasandina por una acusación de homicidio cometido en la provincia de Río Negro.

La decisión de la Corte Suprema Chile fue motivada y, la supuesta amenaza no proviene del Gobierno chileno.

El Tribunal de alzada confirmó la resolución, dictada por el Juzgado de Garantía de Coyhaique, que accedió a la solicitud de extradición tras establecer que se cumplen con los requisitos legales para pedir la entrega de Castro Martínez, cuya formalización se realizó en ausencia por delitos que tiene asignada una pena privativa de libertad superior a un año, acción penal que no se encuentra prescrita y la requerida se encuentra residiendo en la ciudad de Varsovia, Polonia.

El máximo Tribunal hizo lugar al recurso de apelación del Estado requirente, al estimar que se encuentran satisfechos todos los requisitos del artículo 449 del Código Procesal Penal, revocando el fallo recurrido y disponiendo la inmediata entrega del acusado a las autoridades trasandinas.

El ex mandatario ya había sido detenido en 2019 por las autoridades norteamericanas, y desde entonces se encuentra en arresto domiciliario. Ahora deberá enfrentar a la justicia peruana por delitos de colusión y lavado de activos. Arriesga una pena de 20 años de cárcel.

El requerido fue condenado en el 2014 por dar muerte a un policía, y en junio de 2021 se decretó su expulsión del país vecino en un procedimiento administrativo por extrañamiento. El ministro instructor del máximo Tribunal indicó que, el “error administrativo” no puede ser enmendado mediante la petición de extradición, ya que produjo cosa juzgada.

El requerido, que actualmente cumple una pena de 9 años de reclusión por tráfico de estupefacientes en la cárcel de Arica, fue condenado por la Corte de Roma a la pena de 8 años de presidio luego de intentar ingresar cocaína en paquetes ocultos en el aeropuerto de Milán. Se dispuso la entrega diferida del actor una vez terminada su condena en Chile.

De los antecedentes acompañados por la nación trasandina, se desprende que el delito imputado se encuentra prescrito en nuestro país, ya que fue presuntamente cometido entre los meses de julio a agosto del 2014, excediendo el plazo dispuesto en el artículo 96 del Código Penal.

En 2017, el requerido cometió un delito de hurto agravado por el que fue condenado a 72 meses de prisión, pena que no ha cumplido por encontrarse prófugo de la justicia al residir en Chile.