Los recurrentes denunciaron la “lentitud” del ente persecutor en el avance de una investigación de un delito de usurpación, en circunstancias que la Fiscalía ha despachado diligencias y los actores no han utilizado las vías administrativas que les reconoce la ley para reclamar por la gestión de un fiscal adjunto, si encuentran que aquel ha sido deficiente en su labor.
Las incertezas son evidentes y derivan, en buena medida, de la negligencia del Ministerio Público al sustentar su hipótesis en dicha prueba, pero, además, de una actuación del tribunal a quo que termina subsanando las debilidades probatorias de cargo, justificándolas e imponiendo un escrutinio más allá de lo justificado a otros antecedentes y pruebas allegadas al juicio, descartándolas.
La Fiscalía ni siquiera acompañó fotografías del vehículo que permitieran tener una idea de la magnitud del golpe, el lugar de los hechos u otros aspectos importantes, por lo que resulta improbable satisfacer los elementos del tipo materia de la acusación del modo en que lo exige el procedimiento penal.
Se impone a Aduanas la obligación de presentar denuncia o querella en casos de delitos de contrabando.
Las alegaciones de la recurrente apuntan más bien a promover una distinta valoración probatoria de los elementos informativos incorporados a juicio, lo que se encuentra vedado a esta Corte.
Primera Sala del tribunal de alzada acogió a tramitación la acción constitucional presentada por el ente persecutor en contra de la resolución dictada el 13 de septiembre y dio lugar a la orden de no innovar, por lo que no se entregará a las defensas la información solicitada hasta conocer el fondo de la solicitud.
Esta confusión de identidad entre el imputado de la causa y el recurrente de autos se generó por la remisión del Ministerio Público al Juzgado de Garantía del acta de flagrancias, en la cual al imputado de la causa se identificó con el Rut del actor, ingresando dicho Rut al sistema SIAGJ, informó Fiscalía.
Tales como, narcotráfico, crimen organizado, lavado de activos y delitos o conductas terroristas.
La actora incorporó una prueba pericial emitida sin cumplir los requisitos legales, instrumento que erradamente la Corte de alzada valoró como favorable, en circunstancias que correspondía que fuera desestimado.
Los imputados de nacionalidad extranjera se encuentran detenidos por una falsificación de documentos, por tanto, tales DNI también podrían serlo, informó el recurrido.
La valoración de la prueba constituye una facultad exclusiva y excluyente del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal.
