En primera instancia, el tribunal rechazó la denuncia infraccional del SERNAC, tras determinar que el requerimiento de antecedentes se efectuó en el ejercicio de una fiscalización, sin contar con dicha potestad, pues no estaba vigente aún en la Región Metropolitana.

Atendido que el proveedor corrigió las observaciones realizadas por el SERNAC en una fiscalización, y que ese servicio no constató dicha corrección en más de 2 años, el Tribunal decidió sólo amonestar a la empresa denunciada, por considerarlas circunstancias favorables a esta última.

Quedó asentado que entre los usuarios de la autopista y la empresa concesionaria sí existe una relación de consumo, por la cual se cobra un precio o tarifa por el uso de la vía, encontrándose regulada dicha relación por la Ley N° 19.496.

La Ley N° 21.081 que otorga facultades fiscalizadoras al SERNAC, conforme a su artículo 1° transitorio, entraba recién en vigencia el 14 de septiembre de 2020, y la visita inspectiva se llevó a cabo en enero de 2020, por lo que a esa fecha el SERNAC no contaba con atribuciones fiscalizadoras.

El Tribunal determinó que para que se configure la infracción legal, debe acreditarse que un consumidor ejerció su facultad de pedir el informe con las razones del rechazo del crédito y que la entidad lo haya denegado.

La Ley N°21.081 que entrega facultades de fiscalización al SERNAC, establece en un artículo transitorio un cronograma para la entrada en vigencia de esa ley, pudiendo ejercerse labores de fiscalización en la Región de la Araucanía sólo después de 18 meses de publicada la ley en el Diario Oficial.

El Juzgado de Policía Local requirió el registro de entrevistas a consumidores del servicio de transporte para dar sustento a lo consignado por el fiscalizador en el acta que, a su juicio, no lograba dar convencimiento por sí solo de los hechos allí expuestos.

No existe infracción al artículo 6 del DFL 2 de 1998 del MINEDUC, pues en el caso concreto se cumple el requisito previsto en la norma sectorial de que el director del colegio inicie el procedimiento disciplinario y a su vez decida la expulsión de un alumno.

No vulnera las garantías de la igualdad ante la ley y el debido proceso.

La fiscalización o evaluación del diseño y condiciones técnicas de la obra correspondiente competen al organismo sectorial pertinente.