Los contactos profesionales entre los jueces y una de las partes en el proceso había sido regular, cercana y remunerada, lo que es suficiente para concluir que deberían haber renunciado a participar en el caso y que los temores de los sindicatos demandantes sobre su falta de imparcialidad estaban objetivamente justificados.

La legislación establece una distinción entre los extranjeros que se encuentran «en situación de empleo» y aquellos que no, con consecuencias directas sobre las prestaciones sociales que pueden recibir y el tiempo de espera para acceder a ellas.

La versión del proyecto de ley aprobada por el Senado refuerza aún más las restricciones a la capacidad de los inmigrantes para reunirse con sus familias en Francia, limita la ciudadanía por nacimiento y reduce las prestaciones sociales. Además, introduce una cuota anual para el número de llegada de inmigrantes, que sería determinada por los legisladores.

Corresponde al prefecto competente, bajo el control del juez administrativo, determinar, teniendo en cuenta no sólo el contexto nacional descrito, sino también las circunstancias locales, si hay motivos para prohibir una manifestación que presenta un vínculo directo con el conflicto palestino-israelí, independientemente de a qué parte del conflicto pretenda apoyar.

La consagración del derecho al aborto a nivel constitucional se transformó en una cuestión prioritaria para el gobierno, luego que el presidente Macron lo prometiera el 8 de marzo pasado (día Internacional de la Mujer).

La normativa aplicable no crea una jerarquía entre las acciones legales emprendidas contra el anfitrión de sitios pornográficos y las incoadas contra el proveedor de Internet. Por lo tanto, las asociaciones pueden pedir a los tribunales que obliguen a los proveedores a bloquear un sitio pornográfico sin tener que accionar primero contra el editor del contenido o su anfitrión.

Las empresas demandantes, al estar bien familiarizadas con el comercio del petróleo y tener experiencia en transacciones internacionales a gran escala, deberían haber actuado con mayor cautela al evaluar los riesgos cuando decidieron realizar transacciones para la compra de petróleo iraquí pudiendo recurrir, en caso necesario, al asesoramiento jurídico adecuado del que disponían fácilmente.

La empresa francesa creadora del programa computacional demandó a la contraparte chilena, obteniendo una condena en contra de la compañía nacional. El máximo Tribunal verificó que el laudo cumple con los requisitos del artículo 245 del Código de Procedimiento Civil, e indicó que el cumplimiento del fallo sea solicitado ante el tribunal civil correspondiente.

El Estado llevó a cabo su control de las denegaciones impugnadas según la metodología establecida en la jurisprudencia nacional. En las circunstancias de los presentes casos, no existe motivo para apartarse de las conclusiones del tribunal interno. Las autoridades nacionales lograron un justo equilibrio entre los intereses en juego y actuaron dentro de su discreción.

Un ciudadano extranjero que cometió crímenes de lesa humanidad o de guerra en el extranjero contra víctimas no nacionales puede ser juzgado ante un tribunal francés si posee domicilio habitual en Francia y si existe doble incriminación, es decir, cuando el hecho está tipificado tanto en la legislación francesa como en el Estado en cuyo territorio se cometieron los crímenes.