La injerencia en los derechos de los demandantes se realizó de conformidad con la ley. El desalojo fue ordenado por el Tribunal de Apelación, ante la existencia de una situación manifiestamente ilícita por la ocupación ilegal de terrenos sin título alguno. En vista de las molestias y peligros creados por los campamentos, la injerencia persiguió los fines legítimos de proteger la salud y la seguridad pública, además de la protección de los derechos y libertades de los demás.

El derecho a la vivienda de emergencia, por su naturaleza y finalidad social, es afín a los derechos reconocidos en el marco del derecho legalmente exigible a la vivienda o a las prestaciones sociales a los efectos de la jurisprudencia. En consecuencia, la decisión de conceder o denegar alojamiento de emergencia constituye un derecho civil que no se equipara a una decisión sobre inmigración o sobre la entrada, estancia o expulsión de extranjeros.

Las razones de los tribunales nacionales no son suficientes para considerar razonable la pena impuesta. La injerencia en la libertad de expresión de la demandante es innecesaria en una sociedad democrática.

No existió una revisión independiente de la decisión de negar las solicitudes de repatriación que garantizara que había motivos legítimos y razonables, libres de arbitrariedad, para justificarla. Francia debe volver a examinar las solicitudes y asegurar que se otorguen garantías adecuadas contra cualquier arbitrariedad.

Las autoridades francesas al emitir y posteriormente revisar la orden de expulsión, no tuvieron en cuenta el hecho de que la condición de refugiado no se pierde sólo por retirar el reconocimiento formal de este estatus. Además, el Estado no evaluó los riesgos a los que se enfrentaría el refugiado si se ejecutara la orden de expulsión.

Es inapropiado recopilar datos personales relacionados con la orientación sexual, sobre la base de meras especulaciones o presunciones. Para lograr el objetivo de seguridad sanguínea habría sido suficiente dejar constancia de la negativa del demandante a responder las preguntas, ya que ese factor por sí solo podría justificar la negativa a admitirlo como un donante de sangre.

Estableció que ciertas disposiciones tributarias ya declaradas conformes a la Constitución, y alteradas luego por jurisprudencia posterior del mismo, no implican una modificación del alcance del principio de proporcionalidad.

Corte de Estrasburgo considera desproporcionado el castigo impuesto por el Estado de Francia a un antiguo terrorista que calificó de “valientes” a los yihadistas que perpetraron diversos ataques en París el año 2015.

El pase de movilidad no será exigible para ingresar a reuniones políticas y la opción de presentar un examen negativo será derogada.

Incumbe al legislador garantizar a las personas condenadas, la posibilidad de llevar ante la judicatura, un caso en que la sanción fue impuesta contrariando la dignidad de la persona humana.