La garantía de acceso a un tribunal independiente y establecido previamente por la ley implica que la sala del órgano jurisdiccional que esté a cargo del asunto adopte ella sola la resolución que ponga fin al proceso. La composición de las salas debe ser objeto de reglas transparentes y conocidas por los justiciables a fin de excluir cualquier injerencia indebida procedente de personas externas a la sala y ante las cuales las partes no hayan podido formular alegaciones.

El a quo ha copiado casi literalmente los párrafos del escrito de acusación del Fiscal que contenían un error de fechas y lo ha arrastrado a los hechos probados, vulnerando la doctrina de que las sentencias deberán ser fundamentadas y deben huir de estereotipos o “copia-pega”. Desde la perspectiva de su estructura puesta de manifiesto en la configuración de los hechos probados, resulta irracional.

No se recomienda el uso de chatbots de inteligencia artificial para confirmar cuestiones fácticas en un litigio, considerándolos más adecuados para obtener confirmaciones no definitivas. La precisión de la información proporcionada por herramientas de inteligencia artificial debe ser verificada antes de su utilización.

El control de los fiscales europeos delegados (FED) asistente debe limitarse a las cuestiones relativas a la aplicación de las medidas transfronterizas de investigación, pues la adopción y la motivación de una medida de investigación se rigen por el derecho del Estado miembro del FED que está encargado del asunto, mientras que la ejecución de esa medida se rige por el Derecho del Estado miembro del FED.

El ex clérigo extremista fue detenido en 2005 junto a otras 16 personas por planear varios atentados en un partido de rugby y contra un reactor nuclear. Fue condenado a 15 años de prisión por terrorismo; y en 2020 el gobierno australiano revocó su ciudadanía, con el fin de expulsarlo del país cuando cumpla su condena.

La profesión de las demandantes es de naturaleza intelectual, por lo que, en el caso concreto, las diferencias biológicas entre hombres y mujeres y cualquier posible consideración sobre el papel de ellas en la sociedad son irrelevantes en cuanto a la aptitud de ambos sexos para ejercer profesiones de esa naturaleza.

Resultan graves los hostigamientos en la vía pública, las llamadas amenazantes a números privados del juez, las manifestaciones públicas con artefactos pirotécnicos frente a su residencia y las manifestaciones con discursos agresivos dirigidos en su contra frente a su sitio de trabajo. Estas situaciones ponen en riesgo su vida e integridad personal y la de su núcleo familiar, además de generar intimidación, angustia y temor.

Corresponde al tribunal nacional comprobar si la concentración de facultades es capaz de conferir, en la práctica, a las personas que la ostentan, la capacidad para influir en la orientación de las decisiones de los jueces afectados y crear así una falta de independencia o una apariencia de parcialidad de estos que pudiera menoscabar la confianza que la Justicia debe inspirar a los ciudadanos en una sociedad democrática de Estado de Derecho.

Si bien la organización de la administración de justicia es competencia de los Estados miembros, el ejercicio de esta facultad debe respetar el derecho de la Unión Europea. Por ello, el régimen disciplinario aplicable a los jueces que puede tener que aplicar este derecho debe presentar las garantías necesarias para evitar cualquier riesgo de que dicho régimen se utilice como instrumento de control político de sus actividades.

La conducta desplegada resultó violatoria de los deberes de desempeñar fielmente sus funciones y de observar una conducta irreprochable, afectando de ese modo gravemente la prestación del servicio de justicia del fuero, e impidiendo, por otro lado, que en tiempo y forma se adoptasen las medidas conducentes a suplir de manera inmediata su ausencia.