La profesión de las demandantes es de naturaleza intelectual, por lo que, en el caso concreto, las diferencias biológicas entre hombres y mujeres y cualquier posible consideración sobre el papel de ellas en la sociedad son irrelevantes en cuanto a la aptitud de ambos sexos para ejercer profesiones de esa naturaleza.

Resultan graves los hostigamientos en la vía pública, las llamadas amenazantes a números privados del juez, las manifestaciones públicas con artefactos pirotécnicos frente a su residencia y las manifestaciones con discursos agresivos dirigidos en su contra frente a su sitio de trabajo. Estas situaciones ponen en riesgo su vida e integridad personal y la de su núcleo familiar, además de generar intimidación, angustia y temor.

Corresponde al tribunal nacional comprobar si la concentración de facultades es capaz de conferir, en la práctica, a las personas que la ostentan, la capacidad para influir en la orientación de las decisiones de los jueces afectados y crear así una falta de independencia o una apariencia de parcialidad de estos que pudiera menoscabar la confianza que la Justicia debe inspirar a los ciudadanos en una sociedad democrática de Estado de Derecho.

Si bien la organización de la administración de justicia es competencia de los Estados miembros, el ejercicio de esta facultad debe respetar el derecho de la Unión Europea. Por ello, el régimen disciplinario aplicable a los jueces que puede tener que aplicar este derecho debe presentar las garantías necesarias para evitar cualquier riesgo de que dicho régimen se utilice como instrumento de control político de sus actividades.

La conducta desplegada resultó violatoria de los deberes de desempeñar fielmente sus funciones y de observar una conducta irreprochable, afectando de ese modo gravemente la prestación del servicio de justicia del fuero, e impidiendo, por otro lado, que en tiempo y forma se adoptasen las medidas conducentes a suplir de manera inmediata su ausencia.

Se han llevado a cabo dos operativos policiales en forma paralela que han dejado hasta el momento decenas de detenidos y una gran cantidad de allanamientos, en distintas ciudades de Brasil. En caso de ser declarados culpables arriesgan hasta 12 años de cárcel.

La responsabilidad jurídica de todos los autores y partícipes de los numerosos delitos que atentan contra el Estado Democrático de Derecho debe determinarse con absoluto respeto a los principios del Debido Proceso Legal y del Juez Natural, sin distinción alguna entre servidores públicos civiles o militares.

El “área central” de la actividad judicial de los jueces de instancia inferior no se extiende a influir en las decisiones de instancias superiores o a observar personalmente sus audiencias orales. Esta área de la función judicial incluye la búsqueda real de justicia y la determinación de hechos y de procedimientos, y encontrar justicia y garantizar la paz jurídica.

Pueden examinar las pruebas del caso e incluso dictar sentencias, ya que utilizan en tiempo real bases de datos jurisprudenciales y de big data. No obstante, algunos especialistas advierten sobre el mal uso que podría darse a la información recabada en los juicios.