La disposición no brinda ninguna oportunidad para que la persona sancionada presente argumentos en su defensa. En el caso de los solicitantes, simplemente recibieron cartas del jefe de Seguridad informándoles que se les prohibió ingresar al parlamento durante un año. Además, la ordenanza no prevé ningún procedimiento claro para impugnar la medida.

La función pública debe ejercerse con probidad y transparencia, lo que conlleva la obligación elevada a rango constitucional de transparentar las actuaciones de los funcionarios de los órganos del Estado ante la ciudadanía.

Divulgar íntegramente un expediente sumarial terminado, supone restar efectividad a las labores de cuidado y protección de los trabajadores, por cuanto éstos podrían inhibirse de ingresar denuncias por concepto de hostigamiento, acoso sexual o maltrato, y también a colaborar con su testimonio en forma plena y veraz.

Dar cuenta de la afiliación de trabajadores a una asociación de funcionarios, o de cualquier antecedente que logre identificarlos, constituye información reservada.

Existe un interés público involucrado en el conocimiento de tal información, por cuanto la transparencia del proceso y su publicidad, permite un control social de los estándares de cumplimiento de la educación superior en términos de calidad.

Las alegaciones genéricas de la Empresa Pesquera, no permitieron tener por acreditada en sede administrativa una afectación, presente y probable y con suficiente determinación, a sus derechos. Al no haber acreditado la reclamante de qué forma la entrega de la información podría conculcar los derechos reclamados, no puede calificarse que la decisión adoptada por el Consejo adolezca de un vicio de ilegalidad.

La Corte estableció que la Corporación Municipal no tiene legitimación activa para alegar la vulneración de los derechos de inviolabilidad de las comunicaciones privadas y de la vida privada de los funcionarios involucrados.

Corresponde a una facultad discrecional del Ministerio del Medio Ambiente ordenar un periodo de información pública.

El requirente estima que la normativa impugnada infringe el principio de publicidad, afectando sus garantías de igualdad ante la ley y debido proceso.

Gloria de la Fuente, presidenta del Consejo para la Transparencia, expuso ante la Comisión de Sistemas de Justicia de la Convención Constitucional y abogó por la consagración explícita del derecho a acceder a información en poder de organismos del Estado en el texto de la Carta Fundamental.