La sanción que arriesga el acusado se encuentra en el margen de los 10 años, por consiguiente, existe peligro de fuga a su respecto y, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley N°20.084, resulta ser la norma supletoria que debe aplicarse en este caso, respecto de la medida cautelar de internación provisoria que necesariamente debe ser anticipada, refiere el voto en contra.
Es de normal ocurrencia que se detenga, controle su detención y se formalice a más de un imputado, sin tenerse la absoluta certeza de su identidad, especialmente tratándose de menores de edad que aún no han sido incluidos debidamente en el Registro Civil, informa el recurrido.
Si la defensa no dedujo recurso de apelación en contra de la resolución que decretó la internación provisoria, nada impide que interponga un recurso de amparo, en atención al carácter de derecho fundamental que tiene el derecho a la libertad y, además, porque se trata de una acción constitucional y no solamente procesal.
No le corresponde a la judicatura disponer de los medios necesarios para aumentar la capacidad de los recintos recurridos, quienes actúan en función de los recursos que la Administración les proporciona por lo que el amparado debe respetar su turno en la lista de espera.
El retardo en el ingreso al recinto no obedece a razones arbitrarias e ilegales, sino a la inexistencia de camas disponibles. Corte Suprema ordena habilitar módulo 117 del CDP de Valparaíso mientras la amparada es ingresada al hospital.
No resulta aceptable que la internación provisoria sea denegada por el Estado en atención a la falta de cupo para mujer que, padeciendo de un trastorno psíquico, requiere ser internada en un recinto psiquiátrico especializado.
El Tribunal ordenó el ingreso del adolescente al Centro de Internación Provisoria de Arica, por considerar que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, de la víctima y por evidente riesgo de fuga. Además, fijó un plazo de 90 días de investigación.
