El requirente alega que la norma objetada infringe la igualdad ante la ley, la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos y el derecho a un procedimiento racional y justo, desde que le impide ejercer una adecuada defensa en sede ejecutiva, a partir de una decisión de la CGR y del Tribunal de Cuentas que de ella depende, en que la sentencia fue dictada por quien ha sido juez y parte en el juicio de cuentas, dejándolo en una absoluta indefensión.
La requirente sostiene que la norma impugnada restringe su garantía constitucional a un debido proceso.
El alcalde y la directora de administración y finanzas de la comuna, apelaron la sentencia de primera instancia que les ordenó reintegrar a las arcas municipales 25,53 UTM, decisión que fue confirmada en segunda instancia, sin embargo, el tribual de alzada consideró como único interviniente a la directora, excluyendo de la tramitación y fallo al edil, omisión que vulneró el debido proceso del jefe comunal.
Al solicitar el nombramiento de un árbitro para un juicio sobre cuentas, el demandado negó la rendición argumentando no haber aceptado el encargo, situación que debe ser conocida en un procedimiento declarativo de cuentas, donde ambas partes expongan sus argumentos sobre la existencia -o no- de la obligación solicitada.
Del mérito de los antecedentes aparece de manifiesto que en el libelo se han mencionado hechos que eventualmente pueden constituir una vulneración de las garantías fundamentales consagradas en la Constitución.
El Tribunal de alzada rechazó la acción cautelar, tras establecer que la Contraloría Regional actuó dentro de sus atribuciones al examinar la legalidad de los gastos públicos.
