Las especiales características de estas instituciones hacen inadecuada y vana la aplicación de una normativa distinta a sus estatutos.

Permite postergar el pago de cuotas de créditos hipotecarios y, asimismo, crea una garantía estatal, en el marco de la crisis económica generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19.

Crea una única institucionalidad que integre a las Corporaciones de Asistencia judicial, reuniendo en un único Servicio la oferta programática que actualmente brindan, con atención a la defensa de víctimas de delitos, grupos o personas vulnerables y la defensa de los Derechos Humanos.

Crea dos nuevos delitos, de asociación delictiva y de asociación criminal, regula también las técnicas especiales de investigación de interceptación de comunicaciones telefónicas, el uso de agentes encubiertos, agentes reveladores e informantes y las entradas vigiladas.

La propuesta, que tendrá efecto retroactivo al 1 de diciembre pasado, fue discutida sobre la base de las modificaciones realizadas por el Senado. En lo medular, las diferencias radicaban en cuatro áreas que no afectaron ni los montos del reajuste, ni tampoco las asignaciones o bonos, los cuales ya estaban respaldados.

En virtud de los buenos resultados que han tenido las “garantías COVID-19” se propone ampliar las garantías caucionadas por el FOGAPE.

Propone regular los plazos y procedimientos de la transferencia del valor de las cuentas de los afiliados a otro tipo de fondo a través de una norma general emitida por la Superintendencia de Pensiones.

Con el fin de mitigar los efectos provocados por la crisis sanitaria que vive el país.

Propone que se pueda realizar trámites a través de formularios electrónicos para reducir tiempo y costo.

Finalmente el Congreso Nacional despachó la propuesta iniciada en mensaje que propuso un rescate único. Ésta fue perfeccionada en la línea de la reforma constitucional que está en el Tribunal Constitucional (TC).