El fármaco fue recetado en conjunto con otros medicamentos que están considerados en la canasta GES, por lo que dicha cobertura debe ser extendida necesariamente al solicitado.
El Tribunal de alzada desestimó la acción cautelar por considerar que el actuar de la recurrida no es arbitrario ni ilegal.
El máximo Tribunal consideró improcedente la solicitud ya que el tema se había resuelto y rechazó la orden de no innovar que había pedido el ministerio.
El Tribunal de alzada fijó la sanción en 100 UTM debido a que las faltas detectadas se registraron en un periodo acotado y breve, entre diciembre de 2018 y enero de 2019.
Se busca aumentar el número de atenciones durante y post pandemia.
El máximo Tribunal consideró que la entrega de documentos procede respecto solo de dos capítulos y no de la totalidad de la información almacenada de los servidores del Ministerio de Salud.
El Tribunal de alzada acogió el reclamo judicial y dejó sin efecto la sanción administrativa aplicada al Instituto Oftalmológico Integral S.A. por desproporcionada.
La solicitud manifiesta que no se trata de una petición, vía información pública, de correos institucionales, sino de una orden de entrada y registro en una investigación penal que fue autorizada judicialmente, en el ejercicio de una competencia y un deber Constitucional.
El máximo Tribunal estableció el actuar arbitrario de las recurridas al denegar la cobertura del fármaco aduciendo solo razones administrativas económicas, y pese a estar indicado por equipo médico que atiende a la paciente.
La Corte de Apelaciones de Talca, acogió el recurso de protección; mas, la Corte Suprema –en alzada- revocó esta resolución.
