No es posible a través de la presente acción constitucional, lograr crear una nueva instancia de revisión de los antecedentes que rodearon la decisión de la jueza a quo, más aún cuando el actor ya ejerció los remedios procesales que la ley procesal penal entrega.

La magistrada recurrió, previa solicitud del Ministerio Público, a la figura cautelar prevista en el inciso 1° del artículo 127 del Código Procesal Penal, razón por la cual no se avizora conculcación ilegal al derecho a la libertad personal y seguridad individual del amparado.

La notificación por el estado diario de su citación a la audiencia de juicio no pudo tener el efecto deseado dado que carece de validez y en consecuencia la orden de detención decretada al amparo del artículo 33 del Código Procesal Penal resulta ilegal, por cuanto el imputado no estaba válidamente notificado.

Ninguna de las autoridades o tribunales nacionales había proporcionado una explicación adecuada de por qué no había sido posible obtener una orden judicial dadas las circunstancias. Además, la legislación lituana también exigía que fuera necesaria una detención de cualquier duración para impedir que el sospechoso huyera o interfiriera en el proceso, pero las autoridades no abordaron los argumentos presentados por el actor con los que había cuestionado la necesidad de la detención.

La discusión de los abonos para la condena impuesta no podría materializarse sin la presencia de la sentenciada, informa el recurrido.

La Defensa no aportó antecedentes para justificar la inasistencia de su representado.

La negativa a la renovación del pasaporte deja al amparado en una situación de permanencia forzada en el extranjero y, paralelamente, un impedimento para su ingreso al territorio nacional, sin sustento en el ordenamiento jurídico.

Además, ha sido dispuesta por tribunal incompetente, lo que supone como corolario la ilegalidad de la resolución que se impugna por este arbitrio judicial.

Una nueva citación desde la libertad sería infructuosa, demorando innecesariamente el procedimiento penal, y dicha decisión se encuentra amparada en lo previsto en el inciso 4 del artículo 127 del Código Procesal Penal.

La resolución, cuya revocación se pretende a través del recurso fue dictada por un tribunal competente, con fundamentos suficientes para ello, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 127 inciso segundo del Código Procesal Penal.