No procede dar lugar al recurso de amparo contra una orden de detención expedida por el tribunal en los casos del artículo 127 del Código Procesal Penal, porque ella emana precisamente de la autoridad competente y no constituye una amenaza a los derechos fundamentales establecidos por la Constitución.

Llama también la atención que no sea posible determinar, con los antecedentes tenidos a la vista, cuál es la finalidad de la orden de detención decretada, puesto que no se ha fijado audiencia alguna que tenga como objetivo comunicarle cargos al imputado o formalizarlo.

Una nueva citación desde la libertad, de acuerdo a las reglas generales, sería infructuosa, demorando innecesariamente el procedimiento penal en perjuicio y riesgo de la víctima de violencia de género.

La medida cuestionada por la amparada corresponde a una decisión adoptada conforme a derecho, particularmente por el Juzgado de Garantía.

La orden de detención despachada en contra del recurrente deviene en ilegal, toda vez que del mérito de los antecedentes aparece que no ha sido legalmente citado a la presencia judicial.

Con ello se afecta los derechos del justiciable, al no poder recurrir del mismo pues no ha llegado a nacer a la vida del Derecho en los términos que éste lo prevé.

No se advierte que haya alguna irregularidad en la dictación, sin embargo, al considerar el tiempo transcurrido ésta sí puede constituir una amenaza a su libertad personal.

El principio de confianza mutua entre Estados miembros parte de la premisa de que todos los estados miembros respetan los derechos fundamentales de la UE.

El amparado no asistió a la audiencia y no acudió a los servicios presenciales del recurrido para realizar su comparecencia virtual.