Dada la importancia de los partidos políticos como representantes de la ciudadanía y formadores de la voluntad popular, la renuncia y condena a la violencia viene a reafirmar su compromiso con la convivencia cívica.
El partido demandante no demostró haber sido tratado de forma diferente en el ejercicio de sus derechos o actividades políticas.
Se configuró una violación directa del derecho fundamental a fundar o constituir partidos políticos.
No podrán efectuar este trámite las personas que no figuren con su derecho a sufragio habilitado en el Registro Electoral; las personas que figuren con un domicilio electoral en donde la colectividad no se encuentre legalmente constituida o figuren con domicilio fuera del territorio nacional y las personas que figuren con afiliación política vigente.
El Tricel señaló que, de la prueba documental acompañada se colige, sin lugar a dudas, que las publicaciones que se acompañaron por el Servicio Electoral son capturas parciales, sin registro de fecha cierta y que no siempre se las puede asociar a colectivo denunciado.
La reclamación explica que, el sistema no permitió su ingreso como independiente, pero sí lo hizo como militante.
Se señala que los miembros del Directorio y del Tribunal Supremo del partido en formación son ex militantes de la DC, cuya intención es generar confusión en la ciudadanía, aprovechándose del capital político y prestigio que goza el Partido Demócrata Cristiano.
El fallo expresó que lo reclamado, esto es, la sentencia del Tribunal Supremo, que procede a la calificación electoral de las elecciones internas, no cumple con los presupuestos procesales para su admisibilidad.
La acción alega que las certificaciones que realiza quien ocupa el cargo de Sub Director precisamente de Partidos Políticos, y quien tiene a su cargo el Archivo de los Registros Generales de Afiliados, están dotadas o les asiste, prima facie, el denominado Principio de Veracidad.
La sentencia señala que, en virtud de la autonomía que el legislador ha reconocido a los partidos políticos, ha previsto la impugnación de sus decisiones internas ante este Tribunal sólo en algunas materias de particular interés público.
