Resulta con claridad la existencia de falta de acuerdo entre las partes acerca de la suma de dinero a cuyo pago mensual se obligó el padre del menor.
El alimentante ha contribuido a que su hija obtenga una carrera profesional, aumentando voluntariamente la pensión, lo que demuestra su sentido de responsabilidad, razones más que suficientes para rechazar el aumento de alimentos solicitado por la hija.
La recurrente mantiene un evidente desinterés por buscar un trabajo de forma activa y por trabajar, y si bien no tiene independencia económica, ésta solo es debida a su falta de diligencia en la búsqueda de empleo y no se ha acreditado una deficiencia física ni psíquica para que, con 29 años, pueda conseguirlo.
La naturaleza conjunta de la obligación alimentaria de los padres no significa que ambos deban responder en igual porcentaje para la cobertura del gasto total de manutención. En esa medida, el aporte que corresponde cubrir a cada padre debe fijarse en proporción a sus propias posibilidades económicas y condiciones personales.
El principio general es que la prestación alimentaria no es compensable con obligación alguna. No puede pretenderse compensación por lo que el alimentante entregó en especie a la alimentada, o por los servicios que le prestó, o por pagos que hizo a terceros en relación a rubros comprendidos en el concepto de alimentos, considerados como simples liberalidades de aquél en favor de su cónyuge e hijos.
Al conferir traslado aparece palmario que el demorado, negligente y poco prudente actuar impugnado resulta absolutamente incorrecto.
El acuerdo fue suscrito ante notario y acompañado a la causa, de manera que no concurren en la especie los presupuestos referidos en inciso 1° del artículo 14 de la Ley 14.908.
La reclusión nocturna de 15 días fue decretada cumpliendo los requisitos legales, dictada por tribunal competente en uso de sus facultades legales y resulta proporcional a la deuda que el padre mantiene por alimentos de $5.671.545.-
El conflicto a resolver debe ser analizado con perspectiva de género y los agravios deben tener favorable acogida, pues se verifican los presupuestos exigidos por la ley aplicable, en tanto la reclamante, durante la vida conyugal, se dedicó a atender el hogar y cuidar de sus hijos, y no pudo desarrollar una actividad laboral que le generara una renta suficiente como para auto sustentarse después de roto el vínculo matrimonial.
En consideración al tiempo transcurrido desde que se decretó el apremio de arraigo nacional contra el recurrente y encontrándose la causa sin movimientos hace más de diez años.
