«Ninguna persona ni autoridad puede sin permiso del huésped, ingresar ni penetrar en la intimidad de estas, invadirlas, registrarlas, requisarlas, espiar, fotografiar, filmar ni grabar lo que en su interior acontece, a menos que medie orden escrita de autoridad judicial competente, en los casos y con las formalidades que establezca la ley.»

La autoridad jurisdiccional garantiza el derecho al debido proceso en la garantía de recurrir el fallo, cuando permite el acceso efectivo al recurso conforme al ordenamiento jurídico que lo regula y lo vulnera cuando establece trabas irrazonables o desproporcionadas, u obstáculos que tornen al derecho en impracticable.

El riesgo de una denuncia por parte del interlocutor es una posibilidad que se asume al hablar, y que uno resigna sus razonables expectativas de intimidad al conversar con otro.

La configuración normativa del tipo penal exige que las afirmaciones proferidas, para poder ser calumniosas, diverjan de la realidad, lo que debe reflejarse necesariamente en el relato fáctico.

Los operadores jurídicos deben efectuar un esfuerzo razonable para asegurar que a los procesados privados de la libertad se les garantice el acceso a las plataformas digitales que les permitan intervenir en el proceso penal de manera adecuada.

Deben existir elementos externos de corroboración que respalden objetivamente el relato.

La prisión preventiva tiene como finalidades exclusivas garantizar la comparecencia de la persona procesada; garantizar el derecho de las víctimas a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones y, asegurar el cumplimiento de la pena. En ningún caso, puede perseguir fines punitivos o de cumplimiento anticipado de la pena.

Del mérito de los antecedentes aparece de manifiesto que en el libelo se han mencionado hechos que eventualmente pueden constituir una vulneración a las garantías fundamentales consagradas en la Constitución.

Ordena que un juez no inhabilitado se pronuncie sobre la solicitud de aplicar el principio de oportunidad pasado el plazo de diez días efectuada por el Ministerio Público.