Notificación por carta certificada del inicio de un procedimiento administrativo sancionatorio es un emplazamiento válido para que el afectado pueda ejercer sus derechos.

La Corte Suprema revocó la sentencia dictada por Corte Concepción, que dispuso que se anulara todo lo obrado en el proceso administrativo sancionador tramitado por la Dirección Regional del Biobío del Servicio Nacional de Pesca y Agricultura.

El Sindicato Independiente de Pequeños Armadores Artesanales de Cerco y Otras Actividades Afines de Coronel y Lota, dedujo reclamación en contra de la resolución pronunciada por el Servicio Nacional de Pesca y Agricultura, que le aplicó una multa y la sancionó con el descuento de toneladas de sardina común y de anchoveta de la asignación artesanal que la habilite a realizar actividades extractivas, por sobrepasar el peso autorizado para capturar los citados recursos, infracción descrita en el inciso 1° del artículo 55 Ñ de la Ley General de Pesca y Agricultura.

La actora alegó la nulidad del procedimiento sancionatorio por falta de emplazamiento, basado en que la primera notificación de ese procedimiento se verificó mediante carta certificada, la que fue despachada a un domicilio diverso de aquel que corresponde al sindicato.