La reclamante solicitó además la indemnización de los perjuicios causados por el municipio, lo que fue desestimado por la Corte, puesto que tal petición excede los márgenes de la acción de reclamación dispuesta en el artículo 151 de la Ley Orgánica de Municipalidades.

Si bien el artículo 53 de la Ley N°19.880 dispone que la invalidación de un acto administrativo puede ser declarada de oficio por la autoridad o a petición de parte, en este último caso, sigue siendo de facultad de la Administración su declaración, por lo que no corresponde reclamar sobre el rechazo de su aplicación.

Además, como se interpuso solamente un recurso de apelación ante la autoridad municipal, la Corte estableció que no se agotó la vía administrativa, por lo que no se cumple con todos los requisitos formales para la interposición de un reclamo de ilegalidad como el de autos.

No se advierte vicio de ilegalidad que justifique la devolución de lo pagado por contribución de patente comercial, máxime si se tiene presente que ha sido la reclamante quien pagó –sin objetar- las cuotas comprendidas entre julio de 2018 y enero de 2020 que ahora desconoce.

El informe emitido por Carabineros, que dio cuenta de la ocurrencia de una riña con resultado de muerte en los estacionamientos del centro de eventos, mientras aquel estaba a cargo de un menor de edad, es razón suficiente para negar la renovación de la patente comercial por no garantizar la seguridad en el recinto.

En la Ley N°19.995 y sus Reglamentos, así como las Circulares de la SCJ y la jurisprudencia administrativa de la CGR, regula el procedimiento para la autorización y renovación de patentes comerciales para la explotación de máquinas de juegos cuando se certifique que no son de azar.

Añade que la facultad de condonar pretensiones como la del recurrente corresponde al Tesorero General de la República.

El requirente alega que la restricción recursiva lo deja sin la posibilidad de controvertir la falta de fundamentos de una sentencia, vulnerando el debido proceso y la igualdad ante la ley.

El legislador no ha establecido la improcedencia de recursos en su contra, por lo que es susceptible de recurso de casación en aplicación de las reglas generales.

Corte Suprema no es un tribunal de apelación y sólo en forma excepcional le corresponde conocer en segunda instancia aquellos casos en que la ley le otorga dicha competencia.