La Corte estableció que el dimensionado es algo anexo al giro principal de venta de materiales, y está destinado a dar un mejor servicio a los clientes respecto de productos que se compran allí mismo.
El reclamante alegó que, al no iniciarse un procedimiento previo para declarar la caducidad de los permisos, se vulneró el debido proceso, pues no se le permitió realizar descargos ni presentar pruebas, argumento que fue descartado por la Corte.
En su libelo, el actor no señaló ninguna norma legal contravenida por el municipio al decretar la clausura de su establecimiento comercial, sino que sólo aludió a la vulneración a su derecho de libre ejercicio de actividades económicas y de propiedad.
El reclamante sólo alegó que la obra que se efectuaría en un terreno colindante al suyo, le generaría graves inconvenientes y traería problemas viales y urbanísticos.
La Ley N° 19.880 exige, para iniciar un procedimiento de invalidación, que se le otorgue al interesado la posibilidad real de ser oído, y aportar los argumentos y antecedentes que a su juicio sostendrían la legalidad y procedencia del acto que se pretende dejar sin efecto.
El Tribunal determinó que el reclamo deducido por el Director de Obras Municipales no es procedente, por cuanto está destinado únicamente a personas ajenas a la Administración.
El Concejo Municipal tuvo presente, para rechazar la renovación, un informe de la DIPRESEC que daba cuenta de hechos delictivos en un tiempo de 5 años atrás, cuando lo que correspondía era evaluar sólo el año precedente a la solicitud de renovación.
La Dirección de Obras Municipales justificó el incumplimiento a las normas de la SEREMI que ordenaban la suspensión de los plazos de caducidad, en que se trataría de instrucciones ilegales.
Además, la Corte determinó que la reclamante tampoco indicó con precisión el acto cuya ilegalidad se reclama, ni la norma legal infringida, todo lo cual impide a los sentenciadores emitir un pronunciamiento de fondo.
La Municipalidad de Renca infringió el principio de estricta sujeción a las bases, que permiten justificar el incumplimiento del servicio convenido si acontece un caso fortuito o fuerza mayor, como lo es la paralización nacional de la federación de trabajadores recolectores de residuos domiciliarios.
