Los ministros recurridos aplicaron erradamente las disposiciones del Código de Procedimiento Civil, al declarar inadmisible por extemporánea la “apelación” presentada en virtud del artículo 34 de la Ley Nº18.838, en contra de una sanción impuesta por el CNTV, en circunstancias que no consideraron al día sábado como inhábil para el cómputo del plazo para deducir el recurso.

El sancionado se negó a abordar un vuelo que dispuso la Administración para que los turistas retornaran al territorio nacional, argumentando “miedo insuperable” de contagiar a su abuelo con Covid-19, con quien vivía en la comuna de Curarrehue, situación que no pudo ser comprobada ante la autoridad administrativa ni la magistratura, permaneciendo 117 días más de lo permitido por la Ley Nº21.07 en el territorio insular.

El máximo Tribunal indicó que la caducidad de la acción de tutela no puede ser declarada por los jueces del fondo si el procedimiento se inició con una medida prejudicial de exhibición de documentos, ya que tal gestión interrumpe el plazo del artículo 168 del Código del Trabajo; por ende, los recurridos vulneraron el derecho a tutela judicial efectiva del trabajador al dejarlo en indefensión.

Los ministros recurridos confirmaron la resolución de primer grado que no dio curso a la tramitación de una demanda de despido injustificado, esgrimiendo que el actor al presentar una medida prejudicial anunció la interposición de una tutela laboral, y en subsidio, la acción de despido improcedente, ejerciendo finalmente solo ésta última, lo que el sistema no habilita.

El núcleo esencial de la petición del demandante es que el vínculo de la relación con el demandado sea declarado como laboral, por lo tanto, los recurridos no pueden argumentar el rechazo de la acción por presentarse fuera de plazo asilándose en las reglas del Código del Trabajo, pues debe aplicarse la regla general del artículo 2514 del Código Civil.

El quejoso fue desvinculado el 31 de diciembre de 2020, pero dedujo demanda de despido injustificado el 30 de diciembre de 2022, excediendo largamente el plazo contemplado en el artículo 168 del Código del Trabajo. El máximo Tribunal rechazó el argumento de que se le ha impedido el acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva, por el largo tiempo que dejó pasar antes de acudir a la magistratura.

El recurrente acusó que no operó la caducidad de la acción en su caso, pues interpuso dos reclamos administrativos ante la Inspección del Trabajo, y la magistratura debió considerar la fecha del último de ellos para computar el plazo. No obstante, el máximo Tribunal observó que el actor presentó la demanda en el día 91 luego del despido, excediendo el plazo de 90 días establecido en el inciso final del artículo 168 del Código del Trabajo.

Los ministros recurridos confirmaron el fallo de base sin referirse a la excepción opuesta por el apelante en segunda instancia, infringiendo el principio de inexcusabilidad, así como lo prescrito en el artículo 310 del Código de Procedimiento Civil, que permite la tramitación incidental de excepciones deducidas en segunda instancia.

Las acciones se encuentran relacionadas entre sí por la misma fuente -contrato de trabajo- por lo que la caducidad respecto de la tutela de derechos fundamentales afecta a las otras demandas, ya que se encuentran unidas al mismo examen respecto de la existencia de la vulneración de garantías y del despido indirecto.

Los ministros recurridos hicieron lugar al reclamo de ilegalidad de la Corporación al considerar que no está sujeta a la Ley de Transparencia por ser una corporación de derecho privado, no obstante, el máximo Tribunal estimó que al cumplir un objeto social propio de la función pública -difusión de la cultura y las artes- rige a su respecto la Ley Nº20.285.