Los internos no pierden todos sus derechos por el hecho de haber sido privados de su libertad, debido a la dignidad inherente al ser humano.
En tal hipótesis surge la supletoriedad del procedimiento de aplicación general, según lo dispuesto en el artículo 432 del Código del Trabajo.
La AFP no excedió su objeto social al enviar la misiva.
En su exposición señalan que el competente para este tipo de pronunciamientos es el Subdirector de Partidos Políticos, en virtud del artículo 74 letra G de la Ley 18.556.
Si el único motivo que origina el recurso intentado es que no se comparte la naturaleza de la decisión de los ministros, no queda más que declararlo inadmisible.
Si bien no se puede considerar un abuso o falta grave las diferentes interpretaciones normativas que se realicen en este asunto, sí puede ser subsanada de oficio la errónea falta de aplicación de una norma.
La libertad de expresión posee preeminencia frente al derecho al honor cuando la persona ofendida es una figura pública, y por lo tanto goza de una protección más intensa.
El máximo Tribunal no advierte una justificación racional para excluir dicha hipótesis de lo previsto en el artículo 498 del Código del Trabajo.
La antinomia presente entre lo dispuesto por el artículo 150 y lo comprendido en el artículo 1740 N°3 del Código Civil, debe resolverse haciendo primar la primera de estas, en base a criterios de especialidad y cronológicos.
Por ningún motivo la defensa puede efectuarse a través de una simple lectura ni menos de forma escrita, a lo que debe estar atento el tribunal, sopesando y valorando lo que está sometido a su conocimiento, labor privativa de los jueces.
