Según la referida Ley, las estaciones de radio y televisión locales deben asegurarse de que su contenido contenga material educativo, que defienda los valores morales, religiosos y culturales de Indonesia, y evitar calumnias, incitación al odio o pornografía.

Los comentarios de las recurridas se enmarcan en el legítimo ejercicio de su libertad de expresión y no adicionan una calificación o expresión que pueda advertir un trato vejatorio o deshonroso hacia la recurrente.

La causa se inició por la denuncia ingresada por capitán de Carabineros, quien denunció que las integrantes del colectivo, publicaron en redes sociales un video de un minuto y cuarenta y un segundos de duración, en el cual las denunciadas vestidas con overoles rojos, rostros cubiertos y una bandera negra, realizaron una performance  en el exterior de diversas unidades policiales de la Prefectura de Valparaíso, gritando consignas en contra de la policía uniformada.

Se ordenó eliminar las publicaciones que contienen la foto del recurrido y donde se le imputa el carácter de violador o abusador.

Esto, a propósito de lo resuelto por la Corte Constitucional colombiana, que abrió la posibilidad de que los ciudadanos puedan presentar derechos de petición a través de redes sociales, concluyendo que, cuando una entidad hace uso de plataformas sociales y el recurso es presentado de manera respetuosa y cumple con los requisitos de ley, le asiste la obligación de tramitar las solicitudes que por esa vía se formulen.

El ente contralor adujo que, tratándose de una cuenta de carácter privado de una persona en la citada red social, no corresponde que esta Contraloría General emita un pronunciamiento acerca de la posibilidad que aquella posee, como usuario, para bloqueos de otras cuentas o de su mantención.

El Tribunal de alzada acogió la acción judicial, tras establecer el actuar arbitrario e ilegal del recurrido al realizar imputaciones genéricas, sin existir una resolución judicial que confirme su veracidad.

El Tribunal de alzada acogió la acción de protección por considerar que el contenido de los comentarios efectuados por la recurrida en redes sociales el 21 de julio pasado, vulneran las garantías constitucionales del recurrente.

La app incumple casi el 50% de la normativa colombiana.

La Corte de Apelaciones de Santiago indicó en su sentencia que, según se advirtió del informe evacuado en estos autos, es el propio recurrido, quien reconoció que sus dichos no se ajustan a la legalidad.