La negativa del Registro Civil a conceder la posesión efectiva se fundamentó en que la recurrente no fue reconocida por su madre en una escritura pública o acto testamentario, manteniendo la calidad de hija ilegítima.
El actor alegó que el órgano recurrido no lo escuchó previó a modificar la posesión efectiva de su madre, afectando así el debido proceso, sin embargo, la Corte descartó ese argumento, tras determinar que la tramitación de una posesión efectiva no es un asunto litigioso que contenga etapas de discusión.
El órgano recurrido argumentó que, debido al tiempo transcurrido desde el otorgamiento de la posesión efectiva, la rectificación debía hacerse judicialmente, sin embargo, la ley lo faculta expresamente para enmendar administrativamente los errores manifiestos.
El tribunal de primera instancia rechazó la solicitud de cambio de apellidos, aduciendo la existencia de dos condenas en el registro de anotaciones penales del actor y que no había cumplido el plazo de 10 años que exige la ley para optar a la modificación nominal.
El Registro Civil hizo presente que, con el beneficio otorgado al actor, sus antecedentes penales no figurarán en el certificado para conducir vehículos motorizados, ingreso a la Administración Pública, entre otros, pero seguirán vigentes para los efectos de lo dispuesto en el inciso final del artículo 38 de la Ley N° 18.216.
El Tribunal descartó la aplicación de la actual Ley de Adopciones, en virtud de lo dispuesto por el artículo 45 de ese cuerpo normativo, que establece que sigue vigente lo dispuesto en la Ley N°7.613, que asimila al adoptado en sus derechos sucesorios a los del hijo natural.
No son aplicables las causales de reserva de la información del artículo 21 de la Ley de Transparencia, puesto que los datos solicitados son de orden estadístico, sin hacer mención a nombres, direcciones o cualquier otro antecedente que permita la identificación de aquellos que se sometieron al cambio registral.
No corresponde a la Administración declarar prescrita la acción de petición de herencia, por lo que no puede fundar en ello la negativa a modificar la posesión efectiva que se solicitó 14 años después de su inscripción.
Si en virtud del beneficio dispuesto por el Decreto Ley N°409, se eliminan los antecedentes penales del reclamante, con mayor razón se deben eliminar las anotaciones contenidas en el Registro Nacional de Conductores de Vehículos Motorizados.
Seguir diferenciando entre la calidad de hijos conforme a normas que no se encuentran vigentes, va contra el espíritu de la Ley 19.585 que elimina tales diferencias. Debe aplicarse al caso el artículo 188 del Código Civil.
