El requirente alega que las normas legales objetadas infringen el derecho de propiedad y el principio de seguridad jurídica, desde que impide apelar la tasación del valor de la propiedad una vez que fue aprobada, sin que se tome en consideración el valor fiscal actual del inmueble.
El requirente alega que las normas legales objetadas infringen la igualdad ante la ley, el derecho de propiedad y el principio de seguridad jurídica, desde que el juez podrá fijar cualquier precio como mínimo, sin estar sujeto a ningún parámetro, ni siquiera al de la lesión enorme.
El recurrente acusó una grave conculcación al derecho de propiedad, pues el recurrido nunca inscribió el automóvil a su nombre y circuló durante años por diversas autopistas concesionadas sin poseer el dispositivo TAG, lo que devino en deudas por más de 50 millones de pesos a nombre del actor, que debe soportar la presunción de dominio de un bien que no posee por la desidia del recurrido para efectuar las inscripciones respectivas.
La requirente alega que la norma legal objetada infringe la igualdad ante la ley, la igual protección en el ejercicio de los derechos y el principio de seguridad jurídica, ya que el Tribunal de primera instancia le ordena probar un hecho negativo.
El requirente alega que la norma legal objetada infringe el derecho a un justo y racional procedimiento, el derecho al debido proceso, su derecho a defensa, a producir pruebas, y el principio de seguridad jurídica, al privarlo del derecho a presentar pruebas para acreditar que efectivamente no fue notificado.
El requirente alega que la norma legal objetada infringe igualdad ante la ley, el debido proceso y el derecho de propiedad, ya que al ser la tasación fiscal menor que la mitad del justo precio, se perjudica enormemente al propietario.
El requirente alega que la norma legal objetada infringe la igualdad ante la ley, la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos y el derecho de propiedad, desde que no permite que su propiedad sea rematada conforme al valor de mercado.
La ausencia de parámetros objetivos para que el juez rebaje el precio mínimo de la subasta contraviene la igualdad ante la ley y su derecho de propiedad, alega el requirente.
Pese a tener al día las cuotas de un mutuo hipotecario y oponer oportunamente la excepción de pago, el tribunal certificó que tal excepción no fue opuesta, lo que devino en el remate de la casa del actor, y solo nueve años después el tribunal certificó -esta vez correctamente- que el ejecutado nunca tuvo ninguna deuda con su acreedor.
Conservador de Bienes Raíces de Talcahuano se negó a practicar la inscripción de un inmueble adjudicado en remate, cuya acta fue suscrita por el juez árbitro que conoció la causa previamente. El máximo Tribunal estimó que la decisión del órgano se ajustó a los artículos 13 y 18 de su reglamento, y la confirmó.
La recurrente acreditó que su ocupación se sustenta en ser la cónyuge del anterior dueño fallecido, circunstancia conocida por el demandante y que desestima su argumento de ocupación por mera tolerancia, incumpliendo el requisito del inciso segundo del artículo 2195 del Código Civil.
